El Gobierno de Donald Tusk (PP) ha logrado a través de la comisión electoral recortar los subsidios del partido conservador y patriota Ley y Justicia en Polonia en una nueva ofensiva para intentar desarmar al principal partido de la oposición y transformar a la sociedad. El motivo que han alegado es que desde la derecha se usaron indebidamente fondos públicos para financiar la campaña en el período previo a las elecciones parlamentarias de octubre pasado.
A pesar de esto, el partido conservador de oposición polaco Ley y Justicia (PiS) ha recaudado alrededor de tres millones de zlotys (700.000 euros) de 40.000 donantes desde que la semana pasada hicieron un llamamiento a sus votantes para que transfirieran «incluso pequeñas cantidades» de dinero al partido.
A pesar de haber sido el partido más votado en las últimas elecciones, el PiS (Ley y Justicia) fue apartado del gobierno tras ocho años en el poder debido a que una coalición entre la extrema izquierda y los liberales, encabezada por el ex primer ministro Donald Tusk, asumió el control.
Tusk, que había prometido a los votantes tomar medidas contra cualquier violación de la ley durante el mandato del PiS, está liderando una serie de acciones legales y políticas contra exfuncionarios del partido. Su gobierno ha realizado arrestos a legisladores del PiS, allanamientos a exministros al amanecer y ha destituido a numerosos jueces y funcionarios nombrados por el anterior gobierno. Incluso un sacerdote ha sido arrestado por supuestos cargos de corrupción bajo su administración.
El primer ministro no ha ocultado su satisfacción por estas acciones. En un discurso reciente, se jactó de que más de 60 exfuncionarios del PiS habían sido acusados de varios delitos, en su mayoría relacionados con la malversación de fondos públicos. Esta purga política también se extiende a los fondos estatales destinados al partido.
En virtud de la legislación polaca, los partidos políticos que superan el umbral del 3% en las elecciones, o las coaliciones que alcanzan al menos el 6%, tienen derecho a recibir subvenciones del estado para financiar sus actividades. No obstante, antes de que se asignen estos fondos, la comisión electoral debe aprobar los informes financieros de los partidos. En este caso, la comisión ha rechazado el informe financiero del PiS, acusándolo de utilizar recursos públicos para fines electorales. Entre las acusaciones destaca la celebración de actos políticos financiados por instituciones estatales y la contratación de personal gubernamental cuyo único propósito era hacer campaña para el entonces líder de la institución.
