El Gobierno de Grecia ha alertado de que alrededor de 550.000 inmigrantes se encuentran en Libia a la espera de poder cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre una nueva oleada migratoria en la ruta central del Mediterráneo.
El ministro griego de Migración, Thanos Plevris, aseguró que Atenas trabaja con las autoridades libias y con Frontex, la agencia europea de fronteras, para impedir que las embarcaciones salgan desde la costa del país norteafricano. El Ejecutivo heleno ha endurecido su posición ante el aumento de llegadas a islas como Creta y Gavdos, convertidas en nuevos puntos de presión migratoria desde Libia.
«Quienes no tengan derecho al asilo serán detenidos», advirtió Plevris. El ministro defendió que los inmigrantes con pocas posibilidades de recibir protección internacional no sean puestos en libertad mientras se tramita su expediente, sino internados para facilitar su devolución en caso de rechazo.
La advertencia llega después de un nuevo repunte de llegadas a Grecia. En apenas 24 horas, 268 inmigrantes alcanzaron la isla de Creta, mientras que a comienzos de la misma semana otros 126 habían llegado tras cruzar el mar en pequeñas embarcaciones procedentes de Libia.
El Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis ha impulsado en los últimos años una política migratoria más dura. Entre sus medidas figuran la construcción de una valla de 41 kilómetros en la frontera terrestre con Turquía, país que ya utilizó en el pasado la presión migratoria como arma política contra Grecia y la Unión Europea.
Atenas también ha endurecido las sanciones contra la entrada ilegal. La legislación griega contempla penas de prisión y multas para quienes accedan al país de forma ilegal, así como castigos para quienes permanezcan en territorio nacional tras la expiración de su visado o después de la denegación de su solicitud de asilo. En 2025, el Parlamento griego aprobó incluso la suspensión temporal de solicitudes de asilo para llegadas por mar desde Libia, en medio de un fuerte aumento de entradas por el Mediterráneo.
Plevris ha defendido que el Estado griego debe responder ante sus ciudadanos y proteger sus fronteras. «No hay razón para que Grecia abra sus fronteras y acepte personas», sostuvo el ministro, que insistió en que Atenas actuará dentro del marco legal, pero «hasta sus límites» para frenar la presión migratoria.
Las cifras manejadas por Grecia podrían incluso quedarse cortas si se atiende a los datos de la Organización Internacional para las Migraciones. La OIM identificó 939.638 migrantes en Libia entre noviembre y diciembre de 2025, la cifra más alta registrada por su matriz de seguimiento en el país.
Libia se ha consolidado como uno de los principales centros de tránsito migratorio hacia Europa desde el colapso político posterior a la caída de Muamar Gadafi. La ausencia de un Estado plenamente funcional, la actividad de redes de tráfico de personas y la proximidad a las costas europeas han convertido al país en una plataforma clave para quienes buscan llegar al continente.
La presión migratoria desde Libia ya había llevado a Grecia a desplegar fragatas frente a sus costas en 2025 para contener el aumento de salidas, en coordinación con autoridades libias y fuerzas europeas. El primer ministro Mitsotakis afirmó entonces que los traficantes no podían decidir quién entra en Grecia.
El nuevo aviso de Atenas confirma que la crisis migratoria sigue lejos de estar resuelta. Mientras Bruselas insiste en fórmulas de reparto y gestión burocrática, los países de primera línea del Mediterráneo reclaman control efectivo de fronteras, devoluciones rápidas y cooperación con los países de origen y tránsito. En el caso griego, el mensaje es cada vez más claro: quien no tenga derecho a permanecer en Europa deberá ser detenido y devuelto.
