Si está usted en Francia, su propio móvil podría estar grabándole sin su consentimiento por iniciativa de la Policía. Y es completamente legal en el orwelliano régimen de Emmanuel Macron.
La aprobación esta semana de un proyecto de ley de reforma de la justicia da a la Policía francesa la facultad de activar a distancia la cámara, el micrófono y el GPS del teléfono de un sospechoso, además de permitir otro tanto con otros dispositivos como portátiles, coches y cualquier dispositivo conectado a la red.
Esta pesadilla de control social ha encontrado alguna oposición en la sociedad civil, y así, para el grupo francés de defensa de los derechos digitales, La Quadrature du Net, las disposiciones «hacen saltar las alarmas sobre la violación de libertades fundamentales» y violan el «derecho a la seguridad, el derecho a la vida privada y a la correspondencia privada» y «el derecho al libre tránsito». Es una pendiente resbaladiza hacia un estado policial de la peor especie.
La respuesta del Gobierno es la previsible: es sólo para su seguridad y, además, sólo se usará en casos muy raros y limitados. Y, como dice Klaus Schwab, director del Foro de Davos, si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Así, el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, insiste en que el proyecto de ley solo se aplicaría a «docenas de casos al año», mientras que los miembros del Parlamento insertaron una enmienda que sólo permite el espionaje remoto «cuando esté justificado por la naturaleza y gravedad del delito», y «por una duración estrictamente proporcional» después de que un juez haya aprobado la vigilancia. Además, añadieron los diputados, las profesiones en las que más importante resulta la confidencialidad, como periodistas, jueces, abogados, médicos y parlamentarios, no serían objetivos legítimos, según informa People’s Gazette .
El mes pasado, el Senado dio luz verde a la disposición del proyecto de ley de justicia que permitiría a las fuerzas del orden activar en secreto cámaras y micrófonos en los dispositivos de un sospechoso. Desde 2015, cuando los ataques terroristas sacudieron a Francia, el país ha aumentado sus poderes de vigilancia en una deriva similar a la estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la Patriot Act.
