La aprobación este lunes en Bruselas de un nuevo paquete migratorio permitió al Gobierno de Italia reivindicar su estrategia en Albania, donde Roma firmó con Tirana la creación de centros para inmigrantes ilegales en Shengjin y Gjader. Tras más de dos años de choques internos, críticas de la oposición y obstáculos judiciales, el Ejecutivo de Giorgia Meloni recibió el apoyo político que esperaba desde la Unión Europea, justo cuando los ministros del Interior validaron un marco legal que respalda la tramitación de asilo y los retornos desde países terceros.
El Gobierno italiano presentó esta decisión como una confirmación de su política frente a quienes habían denunciado un supuesto derroche de casi 900 millones de euros y cuestionaban la solidez jurídica del proyecto debido a los repetidos vetos judiciales. La oposición llegó a describir los centros en Albania como un símbolo del fracaso del Ejecutivo, mientras los tribunales europeos frenaban expulsiones al considerar que no se garantizaban plenamente las condiciones de seguridad jurídica.
El nuevo reglamento europeo, pendiente todavía de la ratificación del Parlamento, permite por primera vez que los Estados miembros habiliten centros de asilo y retorno fuera del territorio comunitario siempre que exista un acuerdo bilateral. Esta posibilidad queda ahora recogida de forma explícita en la legislación europea y encaja con el pacto suscrito entre Roma y Tirana.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, calificó la decisión como «un paso histórico» y aseguró que “el cambio que Italia reclamaba se ha producido”. Subrayó la creación de una lista común de países seguros, la ampliación del concepto de tercer país seguro y un sistema europeo de repatriaciones que calificó de “más eficaz”. Según explicó, los centros en Albania funcionarían también como puntos de tránsito y podrían permitir la devolución de inmigrantes a terceros países si los acuerdos internacionales lo facilitan.
El paquete aprobado incluye la primera lista europea de países de origen seguros, donde figuran Marruecos, Túnez, Egipto, Bangladés, India, Colombia y Kosovo. Esta clasificación acelerará la inadmisión de solicitudes de asilo procedentes de esos Estados. España fue el único país que manifestó abiertamente su rechazo al acuerdo.
Además, Italia, Alemania y Francia han pactado suspender de forma temporal los procedimientos del Tratado de Dublín hasta que entre en vigor el futuro Pacto Europeo de Migración y Asilo, previsto para 2026. Con Berlín, Roma alcanzó también un “nuevo enfoque” respecto a las ONG que operan en el Mediterráneo, a las que Piantedosi señaló de nuevo como factor de atracción de la inmigración ilegal.
