En un nuevo episodio que pone de manifiesto las tensiones entre las ONG proinmigración y los gobiernos europeos que intentan poner coto a la llegada masiva de inmigrantes ilegales, el barco Sea-Watch 5 ha sido sancionado por las autoridades italianas.
El buque, operado por la organización alemana Sea-Watch, interceptó a 18 inmigrantes ilegales frente a costas libias y los trasladó al puerto de Catania, en Sicilia. Sin embargo, las autoridades impusieron una sanción administrativa de 15 días y una multa de 7.500 euros por no haber informado a la Guardia Costera libia sobre la operación, violando las normas establecidas por el Gobierno italiano.
Esta medida se enmarca en las llamadas «normas Piantedosi«, que regulan los procedimientos de rescate en el mar y exigen la coordinación con las autoridades libias para evitar que las ONG actúen como un factor de atracción para las mafias. El Gobierno italiano, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, justifica la sanción argumentando que la organización de los salvamentos es responsabilidad estatal, no de entidades privadas que parecen operar con agendas políticas propias, facilitando indirectamente la inmigración ilegal y sobrecargando los sistemas de acogida europeos.
Desde la ONG, la portavoz Giorgia Linardi ha calificado la decisión como un «ataque a la solidaridad en el mar». Esta postura, sin embargo, ignora el contexto real: desde noviembre, Sea-Watch y otras ONG han decidido deliberadamente excluir a la Guardia Costera libia de sus comunicaciones operativas, una elección que no sólo viola la ley italiana, sino que también perpetúa un modelo de rescate que incentiva las salidas peligrosas desde las costas africanas, poniendo en riesgo vidas innecesariamente.
Según ha podido constatar LA GACETA, la ONG operó situándose a una distancia de apenas 30 millas náuticas de Zuara, uno de los enclaves libios donde más activas están las mafias de la inmigración ilegal. Además, se encontraba a menos de 40 millas náuticas de Trípoli, donde los inmigrantes ilegales pudieron haber recibido asistencia inmediata en lugar de ser transportados durante 280 millas náuticas hasta los puertos de Catania. Esta proximidad a la costa libia plantea serias dudas sobre la necesidad real de trasladar a los rescatados a Italia, en vez de coordinar con las autoridades locales para un desembarco más cercano y eficiente. En su lugar, la decisión de Sea-Watch parece diseñada para forzar la mano a los gobiernos europeos, convirtiendo el rescate en una herramienta política que agrava el problema de la inmigración descontrolada.
Este incidente no es aislado. En las redes sociales, la propia Sea-Watch ha denunciado la detención como un acto de «represión», afirmando que no se detendrán en su lucha por la «libertad de movimiento para todos». Otras organizaciones, como la española SMH – AITA MARI, han mostrado solidaridad, insistiendo en que «rescatar no es un delito».
El Gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, ha sido consistente en su enfoque, priorizar el control de fronteras y desincentivar las rutas ilegales. En contextos históricos similares, Italia ha impuesto multas a ONG por rescates no autorizados, y ha enfrentado críticas por bloquear desembarcos, pero estas medidas han reducido las llegadas en comparación con periodos de laxitud.
