El Gobierno británico concederá atención dental prioritaria y otros servicios sanitarios de primer nivel a inmigrantes ilegales y delincuentes extranjeros detenidos a la espera de su deportación, una decisión que ha desatado una fuerte polémica en el Reino Unido, donde millones de ciudadanos no pueden acceder a esos mismos servicios a través del sistema público.
La asistencia se prestará en el nuevo centro de internamiento de inmigrantes de Haslar, en Hampshire, cuya apertura está prevista para enero de 2027. El contrato sanitario asociado al centro costará a los contribuyentes cerca de 23 millones de libras durante los próximos siete años y contempla no sólo atención odontológica, sino también acceso regular a médicos de cabecera, cuidados de enfermería primaria, farmacia fuera de horario, programas de prevención y promoción de la salud, terapias psicológicas e incluso ayuda para dejar de fumar.
La medida contrasta con la situación de la población británica. Según datos de la Asociación Dental Británica, el 28% de los adultos en Inglaterra —unos 14 millones de personas— no puede acceder actualmente a un dentista del NHS. A ello se suma la saturación de la atención primaria: encuestas recientes indican que hasta una cuarta parte de los ciudadanos no logra cita con su médico cuando la necesita.
El diputado conservador Chris Philp, secretario de Interior en la sombra, calificó el plan de «vergonzoso» y denunció que supone un claro efecto llamada para la inmigración ilegal. «Es indignante que inmigrantes ilegales y criminales extranjeros reciban una sanidad de «Rolls Royce» pagada por el contribuyente, mejor que la que reciben británicos que trabajan y sostienen el sistema», afirmó. «¿Por qué el Gobierno prioriza a quienes han entrado ilegalmente en el país en lugar de a los ciudadanos y residentes que cumplen la ley?», añadió.
El centro de Haslar comenzará con una capacidad inicial de 130 personas, aunque el Ministerio del Interior ya ha avanzado que podría ampliarse hasta 600 plazas si obtiene los permisos urbanísticos necesarios. Las obras de rehabilitación, incluidas mejoras en calefacción, sistemas eléctricos y seguridad, forman parte de un contrato de 101 millones de libras, impulsado en parte por el temor del Gobierno a enfrentarse a demandas judiciales por malas condiciones de detención.
No es un temor infundado. Medios británicos han revelado que cientos de inmigrantes alojados en centros como Manston, en Kent, han presentado reclamaciones millonarias contra el Estado alegando detenciones «ilegales»y malos tratos, amparándose en la Convención Europea de Derechos Humanos.
Inspecciones recientes en otros centros de internamiento muestran que los inmigrantes detenidos disfrutan de listas de espera reducidas y acceso rápido a servicios médicos y de salud mental, con atención los siete días de la semana. Todo ello ocurre mientras el sistema sanitario británico afronta una presión extrema por la crisis de gripe, huelgas médicas y falta de personal, con miles de pacientes hospitalizados y centros escolares cerrando por brotes.
