El Gobierno laborista de Keir Starmer ha abandonado finalmente sus planes para implantar un DNI digital obligatorio, pese a haber defendido durante meses que era una herramienta esencial para combatir la inmigración ilegal y reforzar el control del mercado laboral.
El sistema de identificación digital, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2029, pasará a ser completamente voluntario, después de que el Ejecutivo renunciara al único elemento obligatorio que contemplaba el proyecto. Se trata del décimo giro político del Gobierno desde su llegada al poder, una secuencia de rectificaciones que empieza a generar un profundo desgaste político.
En septiembre, Starmer había asegurado de forma tajante que los inmigrantes «no podrían trabajar en el Reino Unido» sin un DNI digital, presentándolo como una respuesta directa a la preocupación social por la inmigración ilegal. Sin embargo, en las últimas semanas el primer ministro también ha dado marcha atrás en otras promesas clave, como la subida de impuestos a la hostelería o el endurecimiento del impuesto de sucesiones sobre explotaciones agrícolas.
Desde el propio Gobierno se reconoce que la obligatoriedad del sistema se había convertido en un obstáculo político. Fuentes oficiales de The Telegraph admiten que imponer el DNI digital estaba «bloqueando el debate» sobre otros posibles usos del sistema y generando un rechazo social creciente, ante el temor de que personas mayores o residentes en zonas rurales quedaran excluidas del mercado laboral por no manejar herramientas digitales.
La retirada del DNI digital obligatorio se produce tras una oposición transversal, que ha unido a partidos y figuras ideológicamente enfrentadas. El mayor opositor sin lugar a dudas ha sido el líder soberanista Nigel Farage; sin embargo, las críticas de distintos partidos coincidieron en denunciar un avance del control estatal y una amenaza a las libertades civiles. El rechazo social también se reflejó en una petición online que reunió cerca de tres millones de firmas.
El coste del proyecto ha sido otro factor decisivo. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria estimó que el sistema podría alcanzar 1.800 millones de libras, una cifra que el Gobierno ha cuestionado pero que llevó a la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, a negarse a financiarlo íntegramente en la última revisión presupuestaria, obligando a los ministerios a buscar fondos dentro de sus propios departamentos.
Pese a la rectificación, el Gobierno insiste en que sigue comprometido con reforzar los controles digitales del derecho a trabajar, dejando la puerta abierta a introducir la obligatoriedad más adelante. Sin embargo, el abandono del elemento central del plan debilita seriamente el discurso de Starmer sobre inmigración y seguridad, y refuerza la percepción de un Ejecutivo sin rumbo claro, sometido a la presión social y a sus propias contradicciones ideológicas.
