El Gobierno de Noruega ha dado un paso más en su deriva wokista y en su ofensiva contra el uso temprano de las redes sociales al anunciar este viernes un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a estas plataformas a menores de 16 años, con la previsión de que entre en vigor en 2027. La medida sitúa al país nórdico en la vanguardia de una tendencia que pretende «blindar la infancia frente al impacto de los algoritmos».
Según explicó el primer ministro, Jonas Gahr Støre, el Ejecutivo presentará la iniciativa ante el Parlamento antes de finales de año. «Planeamos presentar una moción en el Parlamento antes de finales de año. Lo hacemos porque queremos una infancia en la que los niños sean niños. Los juegos, el día a día y la amistad no deben ser controlados por algoritmos y pantallas», afirmó en un comunicado oficial.
El texto contempla que la prohibición se mantenga vigente hasta el 1 de enero del año en que los menores cumplan 16 años, momento en el que podrán acceder libremente a las plataformas digitales. Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que traslada a las empresas tecnológicas la responsabilidad de verificar la edad real de los usuarios, un aspecto que hasta ahora ha sido ampliamente cuestionado por su escasa eficacia.
En este sentido, Støre fue contundente al señalar que «los niños y los jóvenes no deben tener en solitario la responsabilidad de no acceder a plataformas que no pueden usar. Esa responsabilidad descansa en las empresas que ofrecen esos servicios. Deben asegurar una verificación de edad real y cumplir la ley desde el primer día». La iniciativa apunta directamente a gigantes tecnológicos que operan en el país, obligándolos a reforzar sus sistemas de control.
El Gobierno laborista, que gobierna en minoría, ha encontrado respaldo entre varios de sus aliados parlamentarios, lo que allana el camino para que la medida prospere. En los últimos meses, países como Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Francia han planteado iniciativas similares para limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Todos ellos siguen la estela de Australia, considerado el país pionero tras aprobar en 2024 una legislación similar.
