La ministra de inmigración de Suecia Maria Malmer solicitó este mes de octubre, con motivo de la conferencia organizada en Viena por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, ayuda a la Unión Europea con el proceso de repatriación de inmigrantes ilegales. La ministra sueca, al igual que líderes de otros Estados miembros, instó a la Unión a colaborar en la gestión migratoria a través de su relación con terceros Estados.
Malmer, que forma parte de la coalición de gobierno entre los Moderados, los Liberales y los Demócratas Cristianos con el apoyo de los Demócratas Suecos, ha mostrado su apoyo a la reforma del Pacto de Migración y Asilo, así como su deseo de que sea aprobado antes de que finalice el mandato de la actual presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Durante su intervención en la cumbre sobre inmigración, la ministra sueca aprovechó para animar a las instituciones a participar en el proceso de devolución de todas aquellas personas en situación irregular, mostrándose «convencida de que necesitamos cooperar con los países vecinos […] a fin de luchar contra las redes de tráfico».
Los acuerdos con terceros países se han convertido en una de las propuestas más recurrentes entre los Estados más afectados por la avalancha migratoria. Así lo ha propuesto también la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, en varias ocasiones. Al igual que Malmer, Meloni aprovechó la última visita de von der Leyen a la isla de Lampedusa para demandar un papel más activo de las instituciones europeas en el proceso de repatriación. La fórmula propuesta para lograrlo ha sido el fomento de la cooperación entre la Unión y terceros Estados, más concretamente en forma de acuerdos bilaterales a los que puedan acogerse los Estados miembros.
Según sostiene la ministra sueca, los acuerdos de cooperación de la Unión pueden contribuir a la devolución de «aquellos que no requieren protección». Tanto es así que Malmer equipara la importancia de tales acuerdos con el Pacto de Asilo e Inmigración. Y es que, más allá de los compromisos adquiridos entre los 27 Estados miembros, la existencia de alianzas entre la Unión y los países de origen y acceso de los inmigrantes ilegales se ha demostrado necesaria para propiciar las devoluciones.
La responsabilidad de la firma de pactos migratorios con terceros Estados recae sobre el Consejo quien, a través de un sistema de decisión unánime, decide con qué países y en qué términos cooperar. Decisiones que han causado polémica por las condiciones establecidas como ocurrió con el acuerdo entre Turquía y la UE, en el que la ayuda financiera se percibió como la factura por contener a los inmigrantes.
Por el momento el Consejo parece decidido a continuar expandiendo este tipo de acuerdos. El más reciente de ellos el Memorándum de entendimiento entre la Unión Europea y Túnez ha abarcado una gran variedad de áreas, combinando el desarrollo tecnológico y cultural con el refuerzo de la protección de las fronteras al que se destinan 105 millones de euros dedicados, entre otras cosas, a la facilitación del proceso de repatriación.
El próximo acuerdo con Egipto, cuya negociación se encuentra actualmente en curso, abre la puerta a incluir convenios sobre la repatriación más ambiciosos. Más aún si se tiene en cuenta el interés que el Gobierno italiano ha demostrado en cerrar un acuerdo de cooperación fronteriza. Así lo ha dejado claro Antonio Tajani en sus visitas a El Cairo en las que ha subrayado el importante número de inmigrantes procedentes de Egipto, que en 2022 alcanzó la cifra de 20.500 personas. Un hecho que explica la intención de Giorgia Meloni y otros gobiernos, entre ellos el sueco, de profundizar las relaciones con terceros países a fin de agilizar el proceso de repatriación.
