El legado de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea está más en riesgo que nunca. Este miércoles, se hará pública la sentencia del ‘Pfizergate’ en el Tribunal General de la Unión Europea, y podría marcar un antes y un después en la transparencia institucional del bloque.
El fallo se refiere a la negativa del Ejecutivo comunitario a divulgar una serie de mensajes de texto intercambiados entre Von der Leyen y Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, durante las negociaciones del contrato de vacunas más cuantioso firmado por Bruselas durante la pandemia de COVID-19. El contenido de esas conversaciones podría arrojar luz sobre el papel directo de la presidenta en la adquisición de hasta 1.800 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, en un acuerdo valorado en miles de millones de euros.
Este caso, ya conocido mediáticamente como «Pfizergate», ha sido impulsado por el New York Times y uno de sus antiguos corresponsales en Bruselas, quienes demandaron a la Comisión en 2022 por no haber hecho públicos los mensajes, pese a que la existencia de los mismos fue confirmada por Bourla en una entrevista en abril de 2021. Según el directivo, esos intercambios fomentaron una confianza mutua decisiva para cerrar el trato.
En el centro de la disputa se encuentra una cuestión aparentemente técnica pero con hondas implicaciones políticas: ¿deben los mensajes de texto entre altos cargos ser considerados documentos oficiales y, por tanto, accesibles al público en virtud del principio de transparencia? La Comisión lo niega, mientras que activistas y defensores de la integridad institucional afirman que no se puede hacer distinción entre formatos de comunicación cuando están relacionados con la toma de decisiones públicas.
Para Von der Leyen, el caso representa no sólo un desafío legal, sino un dilema político. Ella no sólo rubricó el contrato en cuestión, sino que encabeza la misma institución que exige transparencia y rendición de cuentas a los Estados miembros. Si el veredicto le es desfavorable, su autoridad moral y liderazgo podrían quedar seriamente comprometidos al inicio de su segundo mandato, iniciado el 1 de diciembre.
Críticas no han faltado. Desde Transparencia Internacional, Shari Hinds alertó sobre el impacto que este proceso puede tener en la percepción ciudadana: «Cuando se toman decisiones que afectan directamente a la salud pública, el secretismo no tiene cabida». En la misma línea, la eurodiputada verde Tilly Metz, una de las impulsoras del litigio, señaló que la presidenta está siendo «mal asesorada» y subrayó la necesidad de reforzar la confianza ciudadana a través de una mayor apertura sobre los vínculos entre políticos e industria.
El hermetismo de la Comisión no ha pasado desapercibido en los tribunales. En resoluciones anteriores, los jueces ya han reprochado al Ejecutivo comunitario la censura excesiva de los contratos de vacunas antes de permitir su acceso público, alegando supuesta protección de datos personales y confidencialidad comercial.
A esto se suma la polémica por la ausencia de Von der Leyen en la única audiencia judicial sobre el caso. Sus críticos la describen como «la gran ausente» del proceso, alguien que podría haber aclarado todo pero decidió no comparecer. En una entrevista con POLITICO, incluso se le acusó de haber instaurado una cultura de opacidad con fines políticos.
