En Grecia, el entonces ministro de Transportes Kostas Achilleas Karamanlis dimitió horas después del accidente ferroviario de Tempe que costó la vida a 57 personas en febrero de 2023. Karamanlis, de orientación conservadora, renunció al cargo alegando que era «lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas».
Según informa Ok Diario, reconoció que la colisión frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías, cerca de Larissa, se debió a un «trágico error humano», pero fue más allá: asumió la culpa por los «fallos crónicos del Estado griego y del sistema político». Admitió que, pese a los esfuerzos de su equipo desde 2019, no habían sido suficientes para evitar una catástrofe impropia del siglo XXI.
En Tempe, el 28 de febrero de 2023, varios vagones descarrilaron y al menos tres se incendiaron. El jefe de estación de Larisa fue imputado como responsable del siniestro, ocurrido en una red operada por Hellenic Train. La dimisión del ministro llegó de inmediato.
Muy distinta es la escena en España. Tras el choque entre un Iryo y un Alvia en Adamuz, el ministro de Transportes Óscar Puente evitó responder a preguntas sobre una eventual dimisión y desvió el foco hacia incidencias comunicadas por maquinistas y decisiones de Adif.
«Los maquinistas están claramente afectados», sostuvo el ministro en declaraciones televisivas, insistiendo en que los sistemas de control funcionan mediante auscultaciones, controles objetivos y avisos del propio personal. Según Puente, esos reportes obligaron a Adif a reducir la velocidad a 160 km/h hasta verificar las incidencias.
Además, vinculó la convocatoria de huelga anunciada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios al impacto emocional por la muerte de dos compañeros en los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona), y confió en «reconducir la situación» para evitar el paro.
Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué en Grecia una tragedia similar implicó una dimisión inmediata y en España no hay asunción de responsabilidades políticas?
