Ya tenemos nuevo gobierno en Alemania, y es tan deplorable como se temía. Ya el hecho de que el ganador, la CDU de Friedrich Merz, se haya coaligado con el gran perdedor, los socialistas del SPD, dándoles más cargos en el gabinete (siete) de los que se reserva para sí (seis) ya es suficientemente significativo, como lo es que se desdiga de sus principales promesas de campaña.
Pero hay un objetivo que une especialmente a los socios, que sí van a cumplir y que amenaza seriamente a la democracia alemana: combatir a lo que denomina «extrema derecha», es decir, al que es ya el partido con mayor respaldo popular del país, a Alternativa para Alemania (AfD).
El Gobierno de coalición está decidido, además, a seguir reprimiendo la libertad de expresión e implementar la herramienta de censura de la Unión Europea, la nefasta Ley de Servicios Digitales. Las voces críticas, calificadas por la coalición de «discurso de odio», serán eliminadas de las redes sociales si el Gobierno se sale con la suya.
Una de las ideas más impactantes es el plan para eliminar la Ley de Libertad de Información (IFG) de Alemania, similar a la Ley de Libertad de Información (FOIA) de Estados Unidos, que permite a los ciudadanos solicitar registros gubernamentales, como correos electrónicos o informes, para exigir responsabilidades a los funcionarios.
La IFG alemana, aprobada en 2006, hace lo mismo, dando acceso a la población a datos de agencias federales. Ha sido una herramienta para exponer escándalos, como un proyecto fallido de peaje en autopistas, encubrimientos de agencias sanitarias durante la pandemia o acuerdos financieros turbios relacionados con la evasión fiscal. Medios de comunicación alemanes, como la cadena pública ZDF, habían calificado esta ley como un punto de inflexión para la transparencia.
Sobre todo, se aplicará una política de «tolerancia cero» contra los «enemigos de la democracia» y se combatirá sistemáticamente la propagación de ideas de «extrema derecha»; es decir, continuarán los intentos de silenciar y posiblemente prohibir la AfD. Los políticos condenados por incitación al odio, como Björn Höcke, líder de la sección de la AfD en Turingia, podrían ser privados del derecho a presentarse a las elecciones.
