El Parlamento de Portugal ha aprobado este miércoles, con los votos del centroderecha y la derecha patriota, una reforma de la actual Ley de Extranjería que introduce restricciones significativas en materia migratoria, especialmente en lo referente a la reagrupación familiar.
El paquete legislativo, impulsado conjuntamente por el Ejecutivo liderado por Luís Montenegro y el partido Chega, marca un giro en la política migratoria del país. Entre las principales novedades figura la creación de una nueva unidad especializada en la Policía de Seguridad Pública (PSP), encargada del control fronterizo, lo que supone una ampliación de competencias para reforzar la vigilancia en los puntos de entrada al territorio luso.
La norma aún debe superar un último filtro institucional: el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, dispone ahora de un plazo de veinte días para decidir si promulga el texto como ley o ejerce su facultad de veto. Su decisión será clave para definir el alcance real de estas medidas.
Con esta reforma, el Gobierno busca frenar lo que considera un modelo «excesivamente permisivo», sobre todo en lo que atañe a la reunificación de familiares de migrantes ya establecidos en Portugal. La medida ha generado un intenso debate político, especialmente por el respaldo explícito de Chega, una formación que ha ganado peso en el Parlamento gracias a su discurso crítico con la inmigración ilegal.
El cambio legislativo ha sido defendido por sus promotores como una forma de recuperar el control de las fronteras y asegurar que el sistema migratorio sea sostenible. Por el contrario, sectores de la izquierda y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el «posible impacto humanitario de las nuevas limitaciones».
