La comisión de Economía del Parlamento Europeo ha aprobado este martes una hoja de ruta para facilitar el acceso a financiación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y de compañías en expansión (scale-ups). La iniciativa, promovida por VOX a través del eurodiputado Jorge Martín Frías, ha contado con el respaldo de una amplia mayoría alternativa al consenso tradicional entre populares y socialistas.

El informe aprobado supone un giro político de calado: por primera vez, Bruselas admite que el Pacto Verde es un obstáculo para el crecimiento económico y reconoce que la hiperregulación asfixia al tejido productivo europeo.

Los datos que acompañan al documento son contundentes. Las empresas europeas gastan cada año más de 150.000 millones de euros en obligaciones normativas, mientras que el 60% considera que los impuestos en su mayoría por el Pacto Verde se han convertido en una traba insalvable para invertir. Entre las pymes, más de la mitad (55%) señala directamente a la burocracia como su principal dificultad.

Según alerta el informe, muchas pequeñas compañías optan por abandonar la Unión Europea en su fase de expansión, trasladando su actividad a países con marcos regulatorios más favorables. Un fenómeno que no sólo resta dinamismo al mercado europeo, sino que agudiza el estancamiento económico que arrastra el continente desde hace más de dos décadas. «Durante años, las políticas pactadas entre populares y socialistas han impuesto un modelo que frena el crecimiento y castiga a los creadores de empleo», ha denunciado el eurodiputado de VOX tras la votación.

El documento aprobado no se limita a la crítica. Exige a la Comisión Europea la puesta en marcha de una auténtica estrategia de simplificación administrativa, basada en el principio de proporcionalidad y que contemple exenciones específicas para las pymes.

Además, reclama que Bruselas respete la soberanía de los Estados miembros en materia regulatoria. La propuesta apunta a que cada nación pueda diseñar marcos legales propios, competitivos, y adaptados a sus necesidades frente a la imposición de un modelo único dictado por la burocracia comunitaria. «La imposición de un esquema centralizado desde Bruselas bloquea la innovación y priva a los Estados de ofrecer mejores condiciones para atraer inversión», ha subrayado Martín Frías.

Entre las medidas defendidas por VOX y aceptadas por el Parlamento Europeo se incluyen también incentivos fiscales para los ciudadanos que quieran invertir sus ahorros, protección reforzada al pequeño inversor y una estrategia de educación financiera. El objetivo es movilizar el ahorro privado en beneficio de las familias y del tejido empresarial, generando un círculo virtuoso de inversión y crecimiento.

Patriotas por Europa, el grupo parlamentario al que pertenece VOX, promueve un modelo económico basado en la libertad empresarial, la soberanía nacional «y el apoyo real a quienes crean riqueza y empleo».