La Asamblea Nacional francesa votó el jueves a favor de imponer una moratoria a los nuevos proyectos de energía eólica y solar, en una iniciativa liderada por diputados conservadores y apoyada por el Agrupación Nacional (RN). La medida, que ha desatado un intenso debate político, busca frenar temporalmente el desarrollo de estas energías renovables mientras se lleva a cabo un análisis técnico y económico sobre el modelo energético más adecuado para Francia.
La propuesta fue introducida por el parlamentario republicano Jérôme Nury como parte de una ley más amplia sobre planificación energética. La enmienda plantea una “pausa inmediata” en la expansión de parques eólicos y fotovoltaicos, hasta que se disponga de un estudio independiente y riguroso que evalúe la mejor combinación energética posible para el país, teniendo en cuenta criterios tanto medioambientales como financieros.
El resultado de la votación ha sido ajustado: 65 diputados se pronunciaron a favor, 62 en contra y hubo cuatro abstenciones. La clave del éxito de la propuesta estuvo en la movilización de los 57 parlamentarios del RN presentes en la cámara, junto al respaldo de sectores de Los Republicanos y del nuevo partido Unión de la Derecha Republicana (UDR), recientemente fundado por Éric Ciotti.
Desde el gobierno, el ministro delegado de Industria, Marc Ferracci, ha criticado duramente la decisión, calificándola de “temeraria” y advirtiendo que obstaculiza la transición ecológica. También desde los grupos ecologistas llegaron reproches: la diputada Sandrine Rousseau ha asegurado que el voto ponía en riesgo el futuro del planeta. Sin embargo, el RN ha respondido subrayando que muchos de los parlamentarios ecologistas ni siquiera estuvieron presentes en la votación.
La ley en la que se integra esta moratoria incluye además planes ambiciosos para revitalizar el sector nuclear. Entre ellos destaca la reapertura de la central de Fessenheim, clausurada en 2020, y el inicio de la construcción de 14 nuevos reactores antes de 2030. El Ejecutivo aspira a que la energía nuclear aporte 27 gigavatios adicionales de aquí a 2050, como parte de su estrategia de descarbonización.
Aunque el gobierno y los grupos progresistas se oponen frontalmente a este parón en las renovables, el trámite parlamentario aún no ha finalizado. El texto debe pasar ahora por una segunda lectura en el Senado, y la votación definitiva está prevista para el 24 de junio. El Ejecutivo, por su parte, prevé emitir los decretos correspondientes a finales del verano.
La votación ha sido vista por muchos como una señal de que las fuerzas soberanistas están logrando influir decisivamente en el rumbo energético del país, reabriendo el debate sobre el equilibrio entre innovación ecológica, independencia energética y planificación económica.
