La localidad de Crowborough, en el condado inglés de Sussex, se ha convertido esta semana en el epicentro de un pulso vecinal después de que el Ministerio del Interior y el Consejo del Distrito de Wealden confirmasen que pretenden instalar a unos 600 solicitantes de asilo —inmigrantes ilegales en su mayoría— en un campo de entrenamiento militar situado junto al municipio. Los vecinos denuncian que les han ocultado información durante semanas y que la propuesta amenaza su seguridad, su entorno y el uso histórico de esas instalaciones, destinadas hasta ahora a cadetes locales del Ejército y la fuerza aérea.
El lema tradicional de Sussex, «No nos dejaremos arrastrar», nunca había encajado tanto con la situación actual de Crowborough. La ciudad ha pasado de la sorpresa inicial a articular una oposición sostenida y bien organizada frente a una decisión que consideran impuesta desde arriba y completamente alejada de las necesidades reales de la comunidad.
La crispación se materializó el pasado domingo, cuando unas 2.000 personas —y decenas de perros— recorrieron las calles tras concentrarse junto a Crowborough Beacon. Entre banderas y carteles, los asistentes corearon “Crowborough dice no” y “Fuera Starmer”. La movilización continuará durante los próximos fines de semana y se impulsa ya una recaudación de fondos para asumir acciones legales con la ayuda de un Kennel Club.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado esta semana medidas para frenar la entrada de inmigrantes ilegales, pero los habitantes de Crowborough no ven motivo alguno para sentirse tranquilos. El buen tiempo en la costa sur continúa facilitando nuevas llegadas y el sistema previsto sigue siendo el mismo: procesamiento en Manston, y alojamiento gratuito en hoteles o instalaciones en pueblos que no han dado su consentimiento.
