El Parlamento Europeo ha debatido esta semana el Informe anual sobre la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), un texto para delinear la estrategia geopolítica de la Unión Europea.
Lejos de defender una visión nacional y soberana del interés estratégico español, el Partido Popular —a través del eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte— ha optado por alinearse con la agenda impuesta por la Comisión Europea y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, renunciando al atlantismo tradicional y respaldando postulados abiertamente federalistas en materia de Defensa.
Este informe insiste en la necesidad de impulsar un «rearme europeo» común mediante instrumentos como el EDIP (Instrumento Europeo para la Producción de Defensa) y el REARM (Instrumento para la Adquisición Conjunta de Material Militar). Estas iniciativas suponen, según Patriotas, un serio menoscabo para la soberanía de los Estados miembros, pero el Partido Popular no sólo las respalda, sino que plantea profundizar aún más en esa cesión de competencias nacionales.
El eurodiputado firmó una batería de enmiendas que consagran la «primacía» de Bruselas en las decisiones estratégicas, subordinan a la OTAN a una estructura militar europea paralela y desatienden cuestiones clave para la seguridad de los españoles como la protección de Ceuta y Melilla, la lucha contra la inmigración ilegal o el avance del islamismo radical.
La enmienda 12, promovida por el PP, propone una integración de capacidades estratégicas dentro del marco de la OTAN, pero con «liderazgo europeo». En ella se aboga por la adquisición conjunta de sistemas de armamento de alta tecnología, como armas hipersónicas o sistemas de defensa antimisiles. Lejos de apostar por una industria nacional fuerte, el PP defiende que «el valor añadido europeo reside en el desarrollo o la adquisición conjunta de estos facilitadores y sistemas», lo que deja a los Estados miembros en una posición subordinada y dependiente.
En la misma línea, otra de las enmiendas impulsa la creación de un mercado interior europeo para los productos de Defensa, lo que implicaría la desaparición efectiva de las capacidades nacionales en favor de conglomerados supranacionales controlados desde Bruselas.
En el plano diplomático, el Partido Popular redobla su apuesta por una política exterior homogénea dictada desde las instituciones comunitarias. La enmienda 13 muestra un apoyo «inquebrantable» a Ucrania, reclamando que se le proporcionen «todos los medios militares necesarios», incluidos misiles de largo alcance, sin ningún tipo de control parlamentario ni constitucional.
El texto no duda en criticar abiertamente a Hungría por su postura ante el conflicto en Ucrania, mientras plantea que la UE debe cubrir los supuestos «vacíos estratégicos» que dejaría Estados Unidos, en una clara muestra de ruptura con el tradicional vínculo atlántico.
Ni una sola enmienda popular menciona la creciente desestabilización del Sahel, el repunte del islamismo radical o la presión migratoria que sufre la frontera sur de Europa. Por el contrario, la enmienda 47 propone establecer una estructura permanente de toma de decisiones en materia de seguridad y de Defensa a escala europea, incluso para actuar «cuando se produzca un vacío dejado por actores tradicionales como EEUU». La deriva federalista se acentúa con la enmienda 48, que insta a crear un «marco de actuación común en crisis internacionales».
El informe dedica espacio a introducir la «perspectiva de género» en las Fuerzas Armadas, elevando la ideología por encima de los criterios de eficacia operativa. Ni una sola línea del documento, ni del PP ni de otras formaciones del bloque popular europeo, menciona la necesidad de proteger Ceuta y Melilla o el combate contra el narcotráfico y el yihadismo.
Desde Patriotas por Europa, por su parte, se ha defendido una estrategia «basada en la soberanía nacional, el principio de subsidiariedad y la protección de los intereses concretos de cada Estado». Las enmiendas presentadas por VOX han exigido blindar la PAC frente al gasto militar europeo, frenar la deriva federalista y garantizar la integridad territorial de España. También han reivindicado la necesidad de reforzar el control de fronteras, proteger a Ceuta y Melilla y poner en primer plano la seguridad ciudadana.
