Los eurodiputados del grupo Patriotas por Europa han promovido una iniciativa para auditar a todas las ONG que reciben fondos de la Unión Europea. La propuesta exigía verificar que estas organizaciones no tengan ánimo de lucro y obligarlas a publicar los sueldos de sus directores, y llega tras detectarse remuneraciones «excesivas» en varias de ellas. El Partido Popular español, junto a sus socios del Partido Popular Europeo, han votado en contra.
La propuesta forma parte del informe anual sobre la lucha contra el fraude en el uso de fondos europeos. El texto añade un nuevo apartado que reclama controles más estrictos sobre las organizaciones financiadas desde Bruselas, así como transparencia en sus estructuras salariales.
A pesar de la lógica de la propuesta, la mayoría del PPE se posicionó en contra. Entre los eurodiputados que rechazaron la medida figuran Esteban González Pons, Dolors Montserrat, Gabriel Mato, Rosa Estaràs y Javier Zarzalejos. En total, más de 150 eurodiputados del bloque popular cerraron filas para evitar que se fiscalice la actividad y los sueldos de estas entidades.
Numerosas organizaciones autodenominadas «sin ánimo de lucro» reciben subvenciones millonarias sin controles efectivos, a pesar de que muchas tienen una clara vinculación política o ideológica con estructuras de la izquierda cultural y el activismo a favor de la Agenda 2030.
Mientras se opone a que se fiscalicen las ONG y se reabra el caso Catargate, el Partido Popular español sí ha apoyado dos propuestas del grupo The Left, en el que se integran Podemos y Bildu. Las medidas, votadas a mano alzada, piden crear un sistema informático supranacional que permita armonizar el control fiscal del IVA en todos los Estados miembros.
Así, reclama que la Comisión Europea centralice los datos tributarios, con el pretexto de luchar contra el fraude. En realidad, implica una nueva cesión de soberanía fiscal de los Estados a Bruselas. Para el PP, sin embargo, no huy reparos en alinearse con los socios de Pedro Sánchez en España para avanzar en este modelo de supervisión burocrática y centralizada.
