El Partido Popular votó este miércoles a favor de que la Unión Europea se adhiera al llamado Convenio de Estambul, una convención del Consejo de Europa que en teoría se dedica a combatir la violencia doméstica, pero en la práctica está trufada de ideología de género. El mismo texto del Parlamento Europeo apoyado por los populares reconoce que los asesinatos de mujeres en el ámbito doméstico han aumentado en Europa de forma «acusada y constante» en los últimos años, un reconocimiento implícito de que tal convenio, ratificado en 2011, no está sirviendo de mucho.
El informe aprobado con los votos del PP está plagado de conceptos ideológicos y consignas de extrema izquierda, como la llamada «perspectiva de género», la «cultura de la violación», la «violencia vicaria», la «violencia obstétrica», el «feminicidio» y otras expresiones inventadas y marginales que nunca se habían pronunciado en el debate público pero que en los últimos años se han hecho omnipresentes en la propaganda orgánica.
Cifras tremendistas y exageradas basadas en encuestas y estudios opacos, como que una de cada tres mujeres de la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual o que más de la mitad de las mujeres de la Unión ha sufrido acoso sexual alguna vez en su vida, también forman parte del informe aprobado ayer por el Parlamento. Irónicamente, a la vez que se habla de un aumento atroz de agresiones mujeres en los últimos años, se afirma que el Convenio de Estambul es el mejor instrumento sobre la faz de la Tierra para combatir estos casos. O, como reza el documento, «es la herramienta más efectiva, potente y completa hasta la fecha para prevenir y erradicar el extenso abanico de formas de violencia contra las mujeres».
Frente a esta supuesta ola de misoginia y ataques a mujeres en toda Europa, el informe del Europarlamento pide lo que mejor sabe: más subvenciones para sus asociaciones y colectivos afines, «formación» de jueces y profesionales en «perspectiva de género» y condenar a Polonia, país al que menciona de forma peyorativa hasta en cinco ocasiones. Por contra, el texto lamenta el cuestionamiento de la ideología de género «en nombre de la tradición, la cultura y la religión» y equipara estos conceptos con «el fundamentalismo, las ideologías populistas o los movimientos de extrema derecha».
Sin duda, otro de los puntos controvertidos del polémico informe es la criminalización de cualquier medida o movimiento provida, a los que acusa de fomentar la violencia contra las mujeres. De hecho, el texto tilda de «inhumanas» las leyes provida de varios Estados y regiones de la Unión y afirma que «limitar al acceso al aborto constituye una forma de violencia de género».
Pese a toda esta propaganda, el documento del Parlamento Europeo no se corta en denunciar la «instrumentalización política del Convenio por parte de algunos Estados miembros», así como el hecho de que seis de ellos –Bulgaria, República Checa, Letonia, Lituania, Hungría y Eslovaquia– aún no lo hayan ratificado. Una muestra de soberanía que los eurodiputados condenan «enérgicamente».
El texto está lleno de «condenas enérgicas», pero no tanto a la violencia que dice querer erradicar, sino a cualquier país o individuo que cuestione sus postulados ideológicos o la supuesta efectividad del mencionado convenio. Así, el artículo 26 «condena enérgicamente todas las iniciativas destinadas a sustituir el Convenio de Estambul por cualquier alternativa». El 27, «la creciente oposición en algunos Estados miembros y los intentos de desacreditar sus efectos positivos», a pesar de que en el artículo 30 se vuelve a reconocer que «cada vez más mujeres y niñas son víctimas de violencia de género».
Previamente, el artículo 25 pide a las autoridades públicas que «lancen campañas de concienciación para disipar cualquier duda sobre el Convenio y sus beneficios para toda la sociedad» y condena, también enérgicamente, «cualquier intento de los Estados miembros de retirarse de la propia ratificación». Es decir, el Convenio está aquí para quedarse y no hay lugar para el debate o la crítica, aunque el propio documento sea objeto de flagrantes contradicciones, además de las referidas a su pretendida efectividad. Por ejemplo, cuando dice que «la violencia de género es cualquier violencia dirigida contra una persona por razón de su género» para, sólo un párrafo después, afirmar que «la violencia de género es toda violencia contra la mujer porque es mujer». ¿Por ser mujer o por su género? No se sabe.
Todo esto y más votaron los eurodiputados de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, con la excepción de Isabel Benjumea, que votó en contra, y Javier Zarzalejos, que se abstuvo. Por su parte, los eurodiputados de VOX rechazaron de plano el texto y presentaron una posición minoritaria recordando que las cuestiones que se tratan en el informe son competencia exclusiva de los Estados miembros y que el propio Convenio de Estambul se basa en teorías de género sin base científica ni rigor normativo.
«Este enfoque subjetivo genera prejuicios contra los hombres y lo invalida como instrumento internacional jurídicamente vinculante debido a su naturaleza parcial, sesgada y discriminatoria», reza el texto de VOX. Y añade que «aunque la supuesta intención del Convenio es definir y tipificar como delito diversas formas de violencia contra las mujeres, en la práctica las victimiza y acentúa el estereotipo de que los hombres son dominantes y agresivos por naturaleza. Esto genera prejuicios y desconfianza, lo que imposibilita la coexistencia pacífica en el seno de la familia».
