El 22 de junio de 2022 el Parlamento Europeo aprobó tres de los principales documentos del nuevo «paquete climático» que los burócratas de la Comisión se sacaron de la manga en junio de 2021. Cuando quieren, ya se dan prisa en el consenso progre europeo.
Por un lado, la revisión del régimen del comercio de derechos de emisión de CO2, al que dediqué varios artículos aquí, en La Gaceta de la Iberosfera en marzo, una pieza relevante en la subida de precios de la energía, constante desde mediados del pasado año. En segundo lugar, el llamado mecanismo de ajuste en frontera por carbono y, para lavar las consciencias, en paralelo, excusatio non petita, la creación de un Fondo Social para el Clima que trate de paliar los efectos tremendos que sobre la rentabilidad y prosperidad de economías, empresas y familias ya se sabe que va a producir –y está produciendo – la demencial «transición ecológica» promovida, dirigida y ejecutada por la secta climática.
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (en adelante, RCDE) de la UE es quizás la piedra angular de la política climática de la Unión y constituye su instrumento clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se repite invariablemente el proceso «mental-político» de las oligarquías de Bruselas al que me refería en el artículo de ayer. De lo que se trata es de ajustar las “contribuciones” de la UE a los nuevos compromisos contraídos en la COP26 de Glasgow, tanto en cuantía como en el número de sectores afectados. Puro multilateralismo. Se asumen obligaciones por unos tipos que son «políticamente irresponsables» en Glasgow sin explicar nada a los ciudadanos, ni en qué consisten las obligaciones asumidas ni sus consecuencias; y luego se ejecutan por la Comisión a través de sus miles de funcionarios.
La dinámica es la misma: el Parlamento Europeo, escorado a la izquierda -esa izquierda progre y urbanita que desde los despachos, se inviste del poder de modelar, transformar, desmantelar, destruir, o incluso criminalizar las actividades económicas y productivas de las pequeñas, medianas y grandes empresas europeas, de las familias y de los autónomos- empeora abruptamente el texto planteado por los burócratas de la Comisión. Y el Partido Popular europeo apoya sustancialmente las enmiendas de verdes y socialistas y, por supuesto, la propuesta en su conjunto. Siempre igual. Porque les da igual.
El clima es para los globalistas lo que la relación “capital-trabajo” para el marxismo. Todo lo refieren al clima, o mejor dicho, a sus pre-juicios al margen de toda evidencia, convirtiendo la sociología en su herramienta práctica. Así, por ejemplo, se repite en la reforma del RCDE que la aceleración del proceso de “transición ecológica” imponiendo a las empresas y a la familias obligaciones inasumibles -ni en tiempo ni en dinero– se debe a que la pandemia del coronavirus de Wuhan ha puesto de manifiesto la urgencia climática. Y se quedan tan tranquilos.
La reforma aprobada en junio impone este sistema de RCDE (que consiste, en suma, en que las empresas europeas que emiten en sus procesos productivos gases de efecto invernadero deben adquirir -pagando-derechos de emisión de CO2, incrementando el coste de producción sustancialmente y con ellos el precio de sus bienes o servicios al transporte aéreo y al transporte marítimo internacional, poniendo en riesgo la competitividad de nuestras empresas navieras, de los puertos españoles, frente a otros extracomunitarios (p.ej: Algeciras y Tánger), y en fin, de nuestra economía frente a sus competidores extranjeros, entre otros efectos.
Decisiones adoptadas porque sí. Sin ningún estudio de impacto sobre las familias, sobre el empleo y la competitividad de las empresas europeas, sin analizar el riesgo real de que las grandes corporaciones puedan decidir trasladar parte de sus actividades a puertos extracomunitarios para reducir costes; sin ver cómo las pequeñas y medianas europeas pueden ser devoradas por unos costes inasumibles y sus cuotas de mercado adquiridas por gigantes, europeos, o peor aún, extracomunitarios. Decisiones irresponsables. Decisiones propias de un fanático, que no mide las consecuencias.
En suma, incremento de costes, subida de precios para los usuarios; quizás, crisis de alguna compañía, cierres y despidos. Y, por supuesto, una coactiva transferencia monetaria ordenada desde la UE a favor de determinados sectores productivos –expresamente se dice que con lo que se obtiene de la venta de esos derechos de emisión se ayudará a los países en desarrollo a cumplir sus objetivos climáticos – en lugar de otros. Intervencionismo público en la economía a niveles desconocidos, pero no para garantizar el empleo estable, mejorar las condiciones, mejorar la competencia de nuestras empresas frente al extranjero, sino para conseguir los objetivos de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero aceptando como dogma que el CO2 y la acción productiva del hombre son los causantes de la “destrucción del planeta”. En fin, fanatismo sin evidencia científica.
No es de buen gestor aprobar normas basadas en prejuicios, sin evidencia científica, con datos parciales y sesgados, en un contexto de hiperinflación, desempleo, guerra y conflictos. Pero a ellos les da igual. Nosotros votamos que no.
Porque para nosotros no es sostenible una Europa sin industria, sin empresas que compitan, sin soberanía energética y capacidad de decisión, sin un sector del transporte competitivo, marítimo y aéreo, sin empleos estables. Para nosotros el covid puso de manifiesto la dependencia de nuestras cadenas de suministro a potencias extranjeras. Deberíamos reforzar el transporte marítimo aumentando la rentabilidad y protegiendo a los nuestros frente a las empresas foráneas. Los fanáticos y los gestores hacen lo contrario. Y a ti nunca te han preguntado sobre esto.
