El Reino Unido lanzará este verano el Gov.uk Wallet, una billetera digital que marcará el inicio de una era donde el Estado podrá monitorear hasta el último movimiento de sus ciudadanos. Presentada como una revolución en la gestión pública, esta herramienta busca centralizar en una sola aplicación toda la documentación oficial de los británicos. Bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, se abre paso a un sistema con profundas implicaciones para la privacidad y la libertad individual.
El primer paso será la emisión digital de la tarjeta de veterano, en colaboración con el Ministerio de Defensa y la Oficina de Asuntos de los Veteranos. Más adelante, se sumará el carnet de conducir digital, que podrá utilizarse para cualquier trámite en el que antes era necesaria su versión física. Pero esto es sólo el comienzo: el objetivo declarado es que, para finales de 2027, toda credencial oficial emitida por el Gobierno —ya sea en papel, plástico o digital— cuente con su versión verificada dentro del Wallet.
Para acceder a estos servicios, los ciudadanos deberán ceder datos biométricos, como reconocimiento facial, y datos personales sensibles. Aunque se argumenta que la información quedará bajo el control exclusivo del usuario, el simple hecho de tener que validar identidad para utilizar servicios cotidianos —desde conducir hasta alquilar un vehículo eléctrico— plantea un escenario donde el anonimato se desvanece por completo.
El plan cuenta con el respaldo transversal del aparato político, desde altos cargos del Gobierno hasta representantes del Partido Laborista. Sin embargo, las advertencias de los especialistas en ciberseguridad y derechos digitales han sido desoídas. Una filtración en este sistema, advierten, no supondría sólo la pérdida de datos bancarios o direcciones: implicaría la exposición de rasgos biométricos que, a diferencia de una contraseña, no pueden reemplazarse.
Uno de los ejes del proyecto es la interoperabilidad con el sector privado. El Ejecutivo ha instado a las empresas tecnológicas a crear sistemas que permitan intercambiar datos desde la aplicación hacia terceros, como tiendas que vendan productos con restricciones de edad o plataformas que requieran verificación de identidad. También se contempla la posibilidad de generar credenciales derivadas —es decir, identificaciones nuevas creadas a partir de los documentos digitales originales— que podrían usarse fuera del Wallet.
Aunque el Ejecutivo asegura que el Wallet no busca sustituir los documentos físicos, sino ofrecer una alternativa más práctica, muchos ven en esta narrativa una puerta trasera hacia una identificación obligatoria y digitalizada. Países como Australia, Estonia y algunos estados de EE.UU. ya han implementado sistemas similares, pero en el contexto británico, marcado por el historial de vigilancia estatal, el debate es más tenso.
Lejos de empoderar al ciudadano, esta infraestructura digital podría convertirse en el mecanismo de control social más intrusivo del Reino Unido contemporáneo. Cada interacción registrada, cada credencial compartida, alimentará un sistema que sabrá más sobre sus ciudadanos que nunca antes en la historia. Y una vez en funcionamiento, revertir esta arquitectura de vigilancia podría ser tan difícil como borrar una huella dactilar.
