El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha asestado este jueves un duro golpe a las fuerzas de seguridad al fallar contra una operación policial ejecutada para deportar a un solicitante de asilo guineano alojado en un centro de acogida de Berlín. Los magistrados concluyen que los agentes vulneraron derechos fundamentales al irrumpir en su habitación sin una orden judicial.
Los hechos se remontan a 2019, cuando los policías forzaron la puerta de la estancia con un ariete para localizar al inmigrante con orden de expulsión. La intervención había sido avalada inicialmente por el Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo, que consideró que no constituía un registro. Sin embargo, el Constitucional lo desautoriza por completo.
El fallo afecta de lleno al artículo de la Ley de Residencia que permite acceder a una vivienda sin orden previa si hay indicios suficientes de que la persona buscada se encuentra en su interior. El Constitucional sostiene que en este caso no existía ningún indicio fiable, por lo que la actuación vulneró la inviolabilidad del domicilio, un derecho fundamental también aplicable —subrayan los jueces— a personas alojadas en centros de refugiados.
La decisión ha sido celebrada por organizaciones proinmigración como la Sociedad por los Derechos Civiles (GFF) y Pro Asyl, que financiaron y acompañaron el recurso. El caso vuelve ahora al Tribunal Superior Administrativo para dictar una nueva sentencia, previsiblemente en beneficio del solicitante de asilo, y añade un precedente que podría dificultar futuras expulsiones en Alemania, un país ya desbordado por una política migratoria cada vez más contestada por la opinión pública.
