El pasado 1 de enero de 2025, entró en vigor en Suiza la prohibición de cubrirse el rostro en espacios públicos, conocida como la «prohibición del burka». Las personas que incumplan esta normativa podrían enfrentarse a multas de hasta 1.000 francos suizos (1.144 dólares). Esta medida prohíbe ocultar la nariz, boca y ojos en espacios públicos y en ciertos edificios privados abiertos al público, aunque contempla excepciones específicas.
La legislación fue aprobada tras un proceso legislativo que culminó en septiembre de 2023, aunque no fue hasta noviembre de 2024 cuando el gobierno anunció la fecha de entrada en vigor. Sin embargo, su origen se remonta a un referéndum en 2021, donde los suizos votaron por un estrecho margen del 51,2% frente al 48,8% para prohibir velos como el burka y el niqab en lugares públicos.
Aunque la normativa prohíbe cubrirse el rostro en general, permite excepciones por motivos de salud, condiciones climáticas, eventos artísticos o publicitarios, así como por razones religiosas en lugares de culto. Además, las mascarillas relacionadas con la protección personal o el ejercicio de la libertad de expresión pueden ser autorizadas bajo condiciones específicas si no se pone en peligro el orden público.
La propuesta inicial fue impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), conocido por sus posiciones conservadoras, bajo el lema «Alto al extremismo». Aunque no se hacía mención directa al Islam, la medida fue percibida como un ataque específico a esta religión, ya que incluía referencias a los velos usados por mujeres musulmanas. Según un estudio de la Universidad de Lucerna, en Suiza casi nadie lleva burka y solo unas 30 mujeres utilizan niqab.
Con un 5% de la población suiza identificada como musulmana, en su mayoría de origen turco, bosnio y kosovar, la comunidad islámica y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional criticaron duramente la normativa. Amnistía la calificó como una «violación de los derechos de las mujeres», argumentando que restringe la libertad de expresión y religión.
El gobierno suizo, por su parte, inicialmente se opuso a la medida, sosteniendo que no correspondía al Estado decidir cómo deben vestir las mujeres. Sin embargo, tras la aprobación del referéndum, el Parlamento desarrolló la legislación necesaria para implementarla.
La democracia directa suiza, que permite a los ciudadanos votar regularmente en referéndums sobre cuestiones nacionales y regionales, ha sido clave en el desarrollo de esta normativa. Aunque la medida también afecta a manifestantes callejeros que cubren sus rostros, su percepción pública como una «prohibición del burka» refleja su impacto en la comunidad musulmana.
Con esta ley ya en vigor, Suiza se suma a países europeos como Francia, Bélgica y Austria, que también han implementado restricciones similares.
