Una investigación judicial en Francia ha puesto de manifiesto la existencia de un entramado de explotación de menores dedicado a la mendicidad organizada en distintas localidades del área metropolitana de París. Los hechos se centran en la actividad desarrollada en zonas de alta afluencia como rotondas, semáforos y proximidades de lugares de culto, especialmente durante periodos coincidentes con celebraciones musulmanas.
Según las actuaciones policiales y los testimonios recabados, menores de entre 3 y 16 años habrían sido obligados durante años a pedir limosna durante jornadas que podían alcanzar hasta 15 horas diarias. La investigación señala que los adultos responsables obtenían beneficios económicos significativos derivados de esta actividad, en un contexto que habría combinado movilidad territorial y estrategias de captación de la atención de los transeúntes.
Las actuaciones se desarrollaron en municipios como Seine-Saint-Denis, así como en Aulnay-sous-Bois, Villepinte y Bondy, donde se documentaron durante meses presencias recurrentes de menores realizando actividades de mendicidad y limpieza de parabrisas en vía pública. Las autoridades iniciaron la investigación tras la detección de patrones repetidos que apuntaban a una posible organización estructurada.
Durante el procedimiento judicial celebrado los días 19 y 20, los menores prestaron declaración como principal fuente probatoria. Uno de ellos afirmó haber permanecido mendigando durante un periodo continuado de ocho meses, con ingresos medios diarios estimados en torno a 200 euros. Otro testimonio indicó una escolarización muy limitada desde su llegada al país a la edad de siete años.
Entre los investigados figura Gabriela G, detenida junto a un menor de tres años. En sede judicial, la acusada reconoció que la presencia de niños podía incrementar la recaudación, aunque defendió que se trataba de una práctica extendida en su entorno de origen. Asimismo, Roman K. admitió parcialmente los hechos, si bien negó haber ejercido una explotación directa sobre los menores.
Las autoridades judiciales han señalado que la organización presuntamente adoptaba una distribución funcional de roles, situando a mujeres y menores en puntos estratégicos de gran tránsito y cercanos a mezquitas durante el mes de Ramadán, con el objetivo de incrementar la receptividad de los donantes. Esta estrategia habría sido considerada un factor relevante en la capacidad de generación de ingresos.
Un peritaje económico incorporado al procedimiento estimó que las familias implicadas habrían recaudado aproximadamente 130.000 euros en un mes, con la participación de varias personas. En registros efectuados, las fuerzas de seguridad localizaron cantidades relevantes en efectivo y documentación asociada a transferencias internacionales.
La investigación también se enmarca en un contexto más amplio de actuaciones judiciales previas relacionadas con la explotación de menores en el mismo país. En procedimientos anteriores, otros grupos familiares habían sido condenados por conductas similares, incluyendo la retirada de la patria potestad y penas de privación de libertad.
