El Gobierno conservador de Finlandia, que ha reducido la entrada de inmigrantes ilegales de forma considerable en los últimos años, pretende prorrogar hasta 2026 una legislación fronteriza que le permite rechazar solicitudes de asilo en su frontera oriental con Rusia. La iniciativa responde a lo que las autoridades consideran una amenaza persistente y difícil de prever: el uso deliberado de la migración como arma política por parte del Kremlin.
La ministra del Interior, Mari Rantanen, ha advertido que el riesgo de que Rusia continúe instrumentalizando a migrantes para desestabilizar a Finlandia «sigue siendo elevado». Por ese motivo, el Ejecutivo busca mantener en vigor la ley que permite a los guardias fronterizos denegar el acceso a personas que cruzan de manera irregular desde territorio ruso.
Para que la extensión de esta normativa sea aprobada, es necesario el apoyo de al menos cinco sextos del Parlamento. Aunque el umbral es alto, todo indica que la medida saldrá adelante, ya que dos partidos opositores de corte progresista han manifestado su disposición a respaldarla.
Finlandia, miembro de la Unión Europea, adoptó esta política en 2023 tras cerrar completamente sus pasos fronterizos oficiales con Rusia. Las autoridades justificaron esta decisión por la llegada inesperada de más de 1.300 personas procedentes de países como Siria, Irak y Yemen que, según Helsinki, fueron dirigidas intencionadamente hacia su territorio por las autoridades rusas.
A pesar de las críticas de algunas organizaciones internacionales que alertan de una posible vulneración de los tratados sobre derechos humanos, el gobierno finlandés ha defendido con firmeza su estrategia. La evidencia, de momento, parece darles la razón: tras aplicar estas restricciones, la cifra de cruces ilegales descendió drásticamente. En 2024, sólo ocho personas intentaron ingresar de forma irregular desde Rusia.
El descenso no sólo se ha notado en los pasos fronterizos. El número total de solicitudes de asilo también está cayendo. En 2022, más de 5.300 personas presentaron su primera petición de protección internacional. En 2023, esa cifra se redujo a menos de 3.000, y las previsiones apuntan a que el dato del último año será aún más bajo.
Sebastian Tynkkynen, eurodiputado por el Partido de los Finlandeses —formación que gobierna en coalición y pertenece al grupo Conservadores y Reformistas Europeos—, ha celebrado la eficacia del sistema: «Es la política de control fronterizo más firme de Europa. Espero que sirva de inspiración para otras naciones que enfrentan desafíos similares».
