El Parlamento de Georgia ha aprobado este martes por 84 votos a favor y ninguno en contra —de un total de 150 escaños— un nueva ley anti LGTBI que prohíbe entre otras cuestiones la «propaganda» relacionada con este colectivo, la reasignación de género, o el matrimonio igualitario, alegando que el objetivo es defender la institución de la familia.
A la votación de esta ley «sobre la protección de los valores familiares y de los menores» no han acudido los diputados de la oposición en forma de protesta por la reciente aprobación de la norma sobre agentes extranjeros.
La norma, que está ahora a la espera de la firma de la presidenta georgiana, Salome Zurabishvili, ha sido criticada por una treintena de organizaciones de Derechos Humanos subvencionadas que cuestionan que venga a resolver los problemas reales de las familias y los menores a pesar de que se promocione como tal.
Así, sostiene que esta ley no aborda problemas tales como la pobreza, la inflación, la falta de infraestructuras, o la educación. «La única manera de responder a estos y otros desafíos es hacer un progreso decidido y de principios en el camino hacia la integración europea», señalan estos grupos de la sociedad civil.
A su vez, apuntan que el paquete legislativo no solo cuestiona los derechos LGTBI, sino los de todos los ciudadanos ya que al, según apuntan, «perseguir» las libertades de un determinado colectivo se crea un serio precedente de que otros pueden ser restringidos, recoge el portal de noticias Civil Georgia.
En esa línea han ido dirigidas también las alertas de Naciones Unidas, que señalan que la norma contiene una serie disposiciones que ponen en riesgo «una amplia gama de Derechos Humanos», entre ellos los de igualdad, no discriminación, educación, salud, libertad de expresión, así como de reunión pacífica y asociación.
El texto no solo impone restricciones, explica la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, sino que también «perpetúa estereotipos negativos sobre las personas LGTBI», dificulta el acceso a la atención sanitaria y afecta negativamente a los esfuerzos para luchar contra el VIH.
«Nos preocupa profundamente que esta ley pueda fomentar la incitación al odio, provocar más incidentes de violencia y reforzar el estigma, la intolerancia y la desinformación», expresa Throssell, al tiempo que insta a las autoridades georgianas a dar marcha atrás para cumplir con sus obligaciones internacionales.
No se trata del primer país que recibe presiones internacionales para acabar con una ley que cuenta con el visto bueno de sus ciudadanos —tal y como demostraron en las urnas—. En 2022, Bruselas denunció a Hungría ante la justicia europea por una supuesta «ley anti-LGTBI» que sólo pretendía acabar con la propaganda en los colegios y los medios de comunicación con el objetivo de «proteger a los más jóvenes».
