Es, según quién lo cuente, un pavoroso paso hacia el fascismo en el corazón de Europa o una declaración de independencia frente a los intereses extranjeros financiados por el capital globalista.
El Parlamento húngaro ha aprobado finalmente la ley conocida como ‘StopSoros’, por la que se penaliza a la persona física o jurídica ayude a quien intente entrar en el país ilegalmente.
Orbán lo ha hecho. El primer ministro húngaro lleva mucho tiempo poniendo a prueba la paciencia de sus socios de Bruselas y a las finanzas internacionales, pero esto es una declaración de guerra en toda regla, la bofetada final que obliga al duelo.
Las enmiendas constitucionales aprobadas hoy prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría -a excepción de los europeos-, y también declara que la composición de la población del país no puede ser modificado «mediante una voluntad externa». Otras reformas constitucionales también aprobadas en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y cultura cristianos del país y crea una nuevo sistema judicial que hasta ahora no existía en Hungría, el de los tribunales administrativos.
La propaganda oficial en torno a la ley ha explotado el nombre de George Soros como un talismán, como personificiación de los intentos foráneos de manipular la trayectoria política del país mediante una tupida red de ONG y fundaciones financiadas directa o indirectamente por la Open Society del financiero internacional.
Es, según quién lo cuente, un pavoroso paso hacia el fascismo en el corazón de Europa o una declaración de independencia frente a los intereses extranjeros financiados por el capital globalista.
En cualquier caso, el desafío coincide con el anuncio del Gobierno italiano -en el que el peso de la Liga en detrimento del M5E no deja de aumentar en las encuestas de intención de voto- de censar a la población romaní.
La medida, anunciada por Matteo Salvini, ministro del Interior y líder de la Liga Norte, pretende poner coto a una población gitana que, acusa el ministro, vive al margen del Estado italiano y de sus leyes y de la que se ignora, incluso, la procedencia nacional concreta.
No hay que decir que la opinión pública internacional -o la publicada, al menos, que no gana para sustos-, se ha echado las manos a la cabeza y ha vuelto a sacudir el fantasma del nazismo.
En cualquier caso, la confluencia de ambas noticias es un claro indicio de que los aires están cambiando, y muy deprisa, en la batalla crucial que se plantea en estos momentos, y que no enfrenta tanto a derecha e izquierda como a globalistas y soberanistas.
En Alemania, lo estamos viendo, la cancillería de Merkel pende de un hilo, el que están dispuestos a cortar sus socios de la CSU bávara si la canciller no permite a su ministro del Interior, Seehofer, seguir adelante con su plan de devolver en la frontera a los inmigrantes que se presenten sin sus papeles en regla.
En Suecia, la Disneylandia del multiculturalismo europeo, los socialdemócratas se hunden a límites históricos en intención de voto, mientras suben como la espuma los Demócratas Suecos, que tienen el fin de la inmigración masiva prácticamente como único punto interesante del programa.
No es probable que el desafío de Orbán quede sin respuesta por parte de Bruselas, como lo tendrá la actitud de Salvini. Pero ambas medidas son reflejo de un cambio de tendencia que, por lo que vemos en nuestro gobierno, tardarán aún en notarse en España.
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