Hungría anunció que no modificará la polémica ley sobre las ONG vinculadas al magnate George Soros a pesar de que Bruselas ha advertido de su incompatibilidad con el Derecho comunitario y ha abierto por eso un procedimiento de infracción contra el país centroeuropeo.
«Ahora la Comisión Europea (CE) puede acudir a los tribunales», dijo en Budapest el secretario de Estado de Justicia de Hungría, Pál Völner, tras considerar que la legislación magiar que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) «no hiere el derecho comunitario».
El político adelantó ante la prensa que su Gobierno enviará «la respuesta a la CE con las explicaciones».
Aludió así a la respuesta del dictamen motivado enviado por la CE a Hungría hace dos meses, lo que supuso el segundo paso en el procedimiento de infracción.
La ley aprobada en junio aumenta el control gubernamental sobre el trabajo de las ONG, que en general se muestran críticas con las políticas del primer ministro, el conservador Viktor Orbán.
La normativa obliga a las ONG que reciben más de 23.000 euros desde el exterior a proporcionar una lista de donantes y a definirse como una «organización financiada desde el extranjero».
Para la CE, la disposición no respeta el Derecho comunitario en lo relativo a la libre circulación de capitales, dado que determinadas disposiciones «discriminan indirectamente y restringen de manera desproporcionada las donaciones que se hacen desde el extranjero».
Además, «viola» el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la protección de la vida privada y de los datos personales, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).
Bruselas había advertido hace dos meses de que si Budapest no transmite una respuesta satisfactoria a Bruselas en un mes, el Ejecutivo comunitario podría enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sin embargo, Völner insistió en que su Gobierno defenderá, en la citada misiva a la Comisión, que «la legislación de la que estamos hablando no hiere el derecho comunitario».
Las ONG húngaras han denunciado que la controvertida ley no es otra cosa que un estigma, ya que de todos modos estas organizaciones hacen público sus presupuestos todos los años, especificando de dónde vienen sus ingresos.
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