La escritora británica J. K. Rowling ha arremetido contra el proyecto de ley del Gobierno laborista para prohibir las denominadas terapias de conversión, una iniciativa que, según sus críticos, amenaza la autoridad de los padres sobre la educación de sus hijos y podría convertirse en uno de los mayores ataques a los derechos de los homosexuales en décadas.

La autora de Harry Potter, conocida por su defensa del sexo biológico y de los espacios exclusivos para mujeres, compartió en X una publicación del periodista Kevin McKenna en la que advertía de las consecuencias de la nueva legislación.

«El proyecto de ley sobre prácticas de conversión corre el riesgo de que un Gobierno autoritario usurpe el papel de los padres en la vida de sus hijos. También podría ser la mayor amenaza a los derechos de los homosexuales desde la Sección 28», escribió McKenna. Rowling respaldó expresamente el mensaje con un contundente «ESTO», acompañado de varios emoticonos señalando la publicación.

Hasta cinco años de cárcel por determinadas prácticas de conversión

El proyecto legislativo, impulsado por el Ejecutivo laborista y actualmente sometido a revisión parlamentaria, contempla penas de hasta cinco años de prisión para quienes lleven a cabo prácticas de conversión consideradas abusivas y provoquen daños graves a la salud física o mental, o una angustia que altere sustancialmente la vida cotidiana de la persona afectada. Sus detractores advierten de que la amplitud de algunas definiciones podría terminar afectando a conversaciones entre padres e hijos, profesores y alumnos o profesionales sanitarios y pacientes.

Uno de los principales temores es que los adultos puedan enfrentarse a denuncias por aconsejar a un menor que atraviesa dudas sobre su identidad de género que no se precipite hacia tratamientos hormonales o intervenciones médicas.

McKenna sostiene que la mejor manera de proteger a los adolescentes que experimentan malestar con su sexo es permitirles atravesar la pubertad sin conducirlos prematuramente hacia procedimientos médicos. También advierte de las posibles consecuencias de tratamientos prolongados y cirugías sobre la fertilidad.

El Gobierno, por su parte, mantiene que la norma busca impedir prácticas coercitivas y abusivas, y asegura que no pretende criminalizar las conversaciones ordinarias ni la asistencia sanitaria legítima.

La Iglesia católica exige retirar la legislación

Las críticas también han llegado desde las principales confesiones cristianas de Reino Unido. La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha solicitado abandonar el proyecto al considerar que amenaza derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de expresión y la capacidad de las familias para educar a sus hijos. El arzobispo de Liverpool, John Sherrington, advirtió el martes de que las disposiciones podrían generar inseguridad jurídica sobre el acompañamiento pastoral y las conversaciones familiares.

La Iglesia de Inglaterra también ha expresado preocupación por las posibles consecuencias sobre la oración privada y la atención espiritual. Incluso dentro del Partido Laborista han surgido voces críticas. La diputada Mary Glindon ha advertido de que los padres deben poder expresar sus preocupaciones y aconsejar a sus hijos sin temor a que una conversación legítima sea considerada abusiva.

La iniciativa todavía no ha sido aprobada y su aplicación se limitaría a Inglaterra y Gales. Su tramitación ha abierto un debate sobre cómo proteger a las personas de los abusos sin restringir las libertades de las familias, los profesionales sanitarios y las organizaciones religiosas.