La agenda verde impuesta por Bruselas en todos los estados miembro ha llevado a los agricultores a tocar fondo en lo que respecta al uso de productos fitosanitarios, una herramienta que muchos consideran imprescindible para mantener la salud de los cultivos y la rentabilidad de las explotaciones. La presión regulatoria ha sido tal que, en 2023, la venta de plaguicidas en el conjunto de la UE se situó en torno a las 292.000 toneladas, el nivel más bajo desde que existen registros comparables, según datos de Eurostat adelantados por Libremercado.
Este volumen representa una caída del 9% en comparación con 2022 y del 18% respecto a 2021, lo que evidencia el impacto directo de las políticas comunitarias que restringen cada vez más el uso de estos productos, en muchos casos sin valorar suficientemente las necesidades agronómicas ni los argumentos científicos que avalan su aplicación.
En cuanto al desglose por tipo de sustancias, los fungicidas y bactericidas encabezaron las ventas en 2023, representando un 39% del total. Les siguieron los herbicidas y desbrozadores, con un 36%, y los insecticidas y acaricidas, que supusieron el 17% restante. Esta distribución refleja las necesidades básicas del sector para proteger los cultivos de hongos, malas hierbas y plagas.
España, uno de los países con mayor peso agrícola del continente, también ha acusado esta tendencia descendente. En apenas una década, las ventas de pesticidas se han reducido un 33%, pasando de 78.810 toneladas en 2014 a 52.900 toneladas en 2023. A pesar de esta disminución, el país sigue ocupando el segundo lugar en volumen de ventas dentro de la UE, con un 18% del total, solo por detrás de Francia (23%) y a la par de potencias agrícolas como Alemania e Italia (14% cada una).
El análisis temporal revela que entre 2011 y 2023, un total de 16 países comunitarios han registrado una bajada en el uso de plaguicidas. Portugal e Italia han liderado este descenso con un 44% menos, seguidos por Irlanda y Eslovenia, que han visto reducciones del 38%. En contraste, cinco estados han ido en dirección opuesta, destacando Letonia con un aumento del 55%, Austria con un 52% más y Lituania con un alza del 11%.
Ante esta situación, numerosas organizaciones agrarias critican lo que consideran una política ideologizada que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica del campo europeo. Aseguran que la clave no está en prohibir indiscriminadamente, sino en aplicar criterios técnicos y científicos que permitan un uso responsable y eficaz de los fitosanitarios. Para ellos, la supervivencia del modelo agrícola europeo está en juego.
