La celiaquía continúa en ascenso en toda Europa, pero ni la Comisión Europea ni buena parte de los gobiernos nacionales han articulado una respuesta frente a una enfermedad crónica que afecta a millones de ciudadanos. En un contexto de retraso diagnóstico, desigualdad de criterios entre Estados miembros y ausencia de ayudas estructurales, los pacientes celíacos siguen asumiendo en solitario el tratamiento y el sobrecoste económico.
Según datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de Europa (AOECS), entre el 1% y el 1,5% de la población europea podría estar afectada, lo que representa entre cinco y siete millones de personas. Cifras más recientes elevan la prevalencia media al 1,15%, con un crecimiento anual del 7,5% en nuevos diagnósticos.
A pesar de ello, el infradiagnóstico sigue siendo muy elevado, con hasta un 80% de los casos sin identificar. La situación es particularmente preocupante en países como Finlandia y Suecia, donde la prevalencia alcanza el 2,4%, o Italia, con cifras de hasta el 2,9%. En España, uno de cada 83 ciudadanos podría ser celíaco, lo que equivale a más de 560.000 personas.
Los expertos vinculan el incremento de diagnósticos a una mayor concienciación médica y a la mejora en las pruebas clínicas, pero también a factores dietéticos como el aumento del consumo de trigo moderno y alimentos procesados, así como a la aparición de síntomas atípicos que dificultan el diagnóstico, como la dermatitis, la fatiga crónica o problemas neurológicos. Aun así, el retraso medio en obtener un diagnóstico en Europa supera los siete años, lo que refleja una clara deficiencia en la formación del personal sanitario y en los protocolos de atención.
Al margen de las dificultades médicas, los pacientes enfrentan también un importante obstáculo económico. En España, el coste adicional en alimentación especializada se sitúa entre los 750 y los 1.000 euros al año por persona, una cifra que asciende en hogares donde conviven varios afectados. En la Comunidad Valenciana, la Asociación de Celíacos (ANCOVA) estima que el sobrecoste mensual por paciente ronda los 71 euros, ya que la mayoría de las familias adapta la dieta de todo el núcleo familiar para evitar contaminaciones cruzadas.
La eurodiputada de VOX Margarita de la Pisa registró esta semana una petición ante la Comisión de Peticiones en la que reclama una actuación inmediata de Bruselas. En el documento se pide la implantación de protocolos homogéneos de diagnóstico en toda la Unión, la cobertura pública de los productos sin gluten como parte del tratamiento médico, un tipo reducido del 4% de IVA para los alimentos esenciales sin gluten y la obligatoriedad de ofrecer menús seguros en la restauración pública y privada. También se propone la formación obligatoria de profesionales sanitarios y de manipuladores de alimentos en seguridad alimentaria para celíacos.
«No es aceptable que los pacientes asuman el 100% del tratamiento mientras las instituciones permanecen inactivas», ha denunciado De la Pisa. A su juicio, la gestión actual de la celiaquía vulnera principios básicos como la equidad en el acceso a la atención sanitaria y refleja el abandono por parte de las instituciones comunitarias de los ciudadanos que padecen enfermedades crónicas.
