La Comisión Europea ha confirmado que mantendrá el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con Cuba, rechazando la activación de la cláusula democrática que supondría su suspensión. En una respuesta oficial fechada el 21 de agosto, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, defendió que la política comunitaria hacia La Habana debe seguir basándose en el «compromiso crítico» con el régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.
«La UE considera que un compromiso crítico bajo el acuerdo ofrece mayores posibilidades de abordar las divergencias con Cuba, así como de promover los valores de la Unión, defender los intereses europeos y acompañar las reformas necesarias en la isla», afirmó Kallas.
Bruselas sostiene además que los fondos europeos «no se transmiten a las autoridades cubanas», sino que son gestionados por agencias de Naciones Unidas, organismos de Estados miembros y ONG de la UE. Sin embargo, en la práctica, cualquier proyecto internacional que se implemente en la isla queda sometido al control del Partido Comunista, lo que, según la oposición democrática, convierte la cooperación europea en un oxígeno indirecto para la dictadura castrista.
La respuesta de Kallas llegó tras una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado y director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías (VOX), quien exigió la activación inmediata de la cláusula democrática prevista en el artículo 85 del acuerdo. El también eurodiputado por Patriotas por Europa denunció que la política europea hacia Cuba «sólo ha servido para perpetuar la dictadura de Díaz-Canel con el dinero de los contribuyentes europeos, oxigenando la represión contra la oposición, el encarcelamiento de disidentes y la restricción de libertades fundamentales».
El Parlamento Europeo ha aprobado en varias ocasiones resoluciones reclamando la suspensión del ADPC, pero la Comisión Europea se mantiene firme en su estrategia de diálogo. Esta actitud evidencia la fractura en la política exterior comunitaria: mientras Estrasburgo exige cortar el flujo de dinero, Bruselas insiste en prolongar una relación que no ha producido avances en materia de libertades.
La decisión de mantener la cooperación con Cuba, disfrazada bajo el eufemismo de «compromiso crítico», confirma la doble vara de Bruselas: sanciona con dureza a gobiernos soberanistas europeos, mientras protege y financia a un régimen que mantiene más de un millar de presos políticos y reprime con brutalidad cualquier atisbo de disidencia.
