El acoso a Alternativa para Alemania (AfD), el partido soberanista que no deja de crecer en las encuestas, sobrepasa al actual Gobierno y la Fiscalía hasta llegar a la Iglesia alemana. En concreto, la Conferencia Episcopal germana ha emitido un comunicado en el que critica que AfD se muestre en contra de la inmigración ilegal acusando a la formación de provocar «resentimiento contra los refugiados» y que hable de «una supuesta conspiración de las llamadas élites globales».
Los obispos católicos han celebrado a lo largo de la pasada semana su Asamblea Plenaria de Primavera. Tras finalizar el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzingse hacía pública la resolución acordada de manera unánime en la que afirman que «el nacionalismo no es compatible con la religión cristiana e imagen del hombre», y lanzan un mensaje «para los cristianos, consideramos que estos partidos populistas de derecha no son elegibles».
El documento asegura para finalizar que AfD es un partido que no está a favor de «los valores fundamentales de la convivencia humana», en referencia de nuevo al rechazo del partido a la inmigración ilegal. Curiosamente, en su nota los obispos alemanes no hacen ninguna referencia al hecho de que sea el Partido Socialdemócrata, que gobierna actualmente, el que esté realizando ya deportaciones. En concreto, el canciller y líder socialista, Olaf Scholz, reconocía a finales del pasado mes de noviembre que Alemania debía comenzar a «deportar inmigrantes ilegales a gran escala«.
La persecución a AfD a nivel legal no es nueva, aunque hasta ahora la Iglesia alemana no se había pronunciado de esta manera sobre un partido que cuenta con una gran cantidad de cristianos entre sus votantes. El 14 de febrero la ministra del Interior, Nancy Faeser, presentó en Berlín un plan de acción para «combatir con más eficacia» lo que el Ejecutivo considera el «extremismo de ultraderecha».
Para ello se creó una «unidad de detección precoz» con la que monitorear los debates en las redes sociales que cuestionan la inmigración y/o los derechos LGBTI, asuntos que principalmente promueve AfD. La misma ley también permite confiscar cuentas a empresas o particulares que financien la creación de este tipo de contenidos críticos con la inmigración ilegal, la delincuencia derivada de ella o a los lobbys LGTBI y multar a quien se burle en las redes del Ejecutivo socialista.
En noviembre, la Agencia de Inteligencia alemana clasificó a Alternativa para Alemania como «extremista». A efectos legales esa clasificación servía para poder comenzar de manera inmediata a espiar a todos los cargos y militantes del partido y sus comunicaciones.
Además, ahora el periódico Süddeutsche Zeitung ha informado de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución está trabajando en un nuevo informe sobre la AfD, que podría incluir una nueva clasificación del partido como paso previo a ilegalizarlo. Este dossier debería haber estado listo a finales de 2023, pero el hecho de que no se haya hecho público todavía puede tener una intencionalidad política de cara a perjudicar a la formación en las elecciones Europeas de junio de 2024.
Por otro lado, el Tribunal Superior Administrativo de Münster, que tiene que decidir sobre la apelación de AfD contra su clasificación de «partido de extrema derecha» por parte de la Agencia de Inteligencia y ha fijado la vista para marzo, podría haber retrasado también el informe para dar más tiempo a las pruebas periciales solicitadas y que podrían derivar la clasificación de la formación a la de «partido de esfuerzos extremistas asegurados», lo que supondría su ilegalización.
