El gran instrumento financiero con el que Bruselas prometió reconstruir Europa tras la pandemia está bajo sospecha. La Fiscalía Europea (EPPO) investiga ya más de 500 casos de presunto fraude vinculados al Fondo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 577.000 millones de euros, y estima que el perjuicio podría alcanzar los 5.000 millones.
Según el informe anual correspondiente a 2025, la actividad relacionada con este fondo se ha disparado. Sólo el año pasado se abrieron casi 300 nuevas investigaciones, elevando estos expedientes al 21% del total de causas activas de la Fiscalía Europea. A finales de 2025 había 512 procedimientos abiertos en torno al fondo, con cerca de 2.000 sospechosos implicados.
Italia concentra el mayor número de casos, circunstancia que la propia Fiscalía atribuye a la intensa labor de su Guardia di Finanza en la detección y denuncia de irregularidades. Las sospechas se centran en la presentación de información falsa, la inflación de costes y el desvío de fondos destinados oficialmente a proyectos de transición ecológica, digitalización y recuperación económica.
El problema podría ir en aumento. A comienzos de 2026 aún quedaban sin ejecutar alrededor de 180.000 millones de euros del fondo, lo que, según advierte la EPPO, incrementa el riesgo de nuevas irregularidades. Aunque la Fiscalía ha logrado congelar activos y recuperar parte de los fondos en algunos casos, la restitución total resulta compleja por la dimensión transfronteriza de muchos esquemas y por deficiencias en la cooperación y el intercambio de datos entre Estados miembros.
El informe también revela una situación preocupante en el ámbito de los ingresos públicos. La EPPO mantiene abiertas 981 investigaciones por fraude en aduanas e IVA, con daños estimados en 45.010 millones de euros, lo que representa más del 67% de los 67.270 millones en pérdidas potenciales bajo investigación. La cifra casi triplica los 24.800 millones del año anterior.
La fiscal jefe europea, Laura Kövesi, ha calificado los esquemas de fraude en IVA y aduanas como una «industria criminal» que ha sido ignorada o tolerada durante demasiado tiempo. Aunque el 68% de los 3.602 casos activos se refieren a fraude en el gasto —incluidas subvenciones—, es el fraude en ingresos el que concentra el mayor impacto económico.
Las advertencias de la Fiscalía se suman a las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo, que en febrero de 2026 alertó de debilidades persistentes en los sistemas antifraude del fondo, deficiencias en el intercambio de datos y lagunas en la supervisión de los beneficiarios finales. El modelo de pagos por cumplimiento de hitos, en lugar de reembolsos por costes justificados, también ha sido objeto de críticas por limitar el control efectivo.
En 2025, la Fiscalía Europea logró órdenes de embargo por valor de 1.130 millones de euros, aunque las incautaciones efectivas se situaron en 288,93 millones. La recuperación de los fondos desviados sigue siendo parcial, mientras el volumen de sospechas amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones comunitarias.
