El mercado laboral en Bélgica se enfrenta a un problema que, pese a estar presente desde hace años, apenas había sido reconocido de forma explícita: una fractura profunda entre la población nativa y quienes proceden de fuera de la Unión Europea. Esta brecha, que convivía silenciosamente con una tasa de paro general sorprendentemente baja, ha pasado a ocupar el centro del debate político después de que el ministro de Empleo revelara cifras que han sacudido al Gobierno y a la opinión pública.
Pese a que el desempleo oficial ronda el 5,8%, un análisis detallado muestra un panorama muy distinto. Entre los ciudadanos nacidos en Bélgica el paro apenas llega al 4,5%, uno de los más reducidos del continente. Pero si se observa exclusivamente a los habitantes originarios de países extracomunitarios, la situación cambia drásticamente: la tasa se dispara hasta el 14,5%, convirtiendo a Bélgica en uno de los Estados europeos con mayor diferencia entre nativos y extranjeros de fuera de la UE.
Este desnivel no ha sido una sorpresa para el Ejecutivo, aunque hasta ahora nadie se atrevía a mencionarlo públicamente. David Clarinval, ministro de Empleo, fue el encargado de poner números a una realidad que, según él, se había convertido en tabú. Explicó que muchos de estos ciudadanos encuentran barreras lingüísticas, desconocen los mecanismos administrativos y, en definitiva, tienen más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Por todo ello, el Gobierno plantea reforzar los programas de integración y formación.
De forma paralela, las autoridades buscan endurecer el sistema de ayudas para evitar situaciones que, según su interpretación, podrían perpetuar el desempleo de larga duración. A partir del próximo año, ya no será posible cobrar indefinidamente prestaciones de paro y quienes estén de baja laboral durante largos periodos deberán someterse a controles médicos más estrictos para justificar su incapacidad.
El primer ministro, Bart De Wever, no ha evitado el choque político. Considera que la política migratoria vigente es la «raíz de todos los problemas» del país y ha impulsado nuevas normas para limitar la reagrupación familiar, elevar los requisitos económicos y reducir el margen de permanencia sin actividad laboral.
A esta complejidad se suma un clima social cada vez más tenso. Bélgica arrastra una imagen deteriorada por la infiltración del crimen organizado en puertos, cuerpos policiales e incluso instancias judiciales. Un juez de Amberes llegó a advertir públicamente de que el país se enfrenta a una amenaza estructurada que socava la legitimidad del Estado. A juicio de varios expertos, la disfunción del mercado laboral y la falta de integración podrían estar alimentando, en parte, esta espiral.
Entre tanto, Clarinval insiste en un mensaje que quiere convertir en directriz nacional: todos deben incorporarse al trabajo, incluidos quienes tienen origen extranjero. Subraya que no existe ninguna razón para que una parte de la población quede anclada en la exclusión y reclama más verificaciones para evitar irregularidades. El año pasado, recuerda, la inspección detectó miles de casos de fraude vinculados a prestaciones.
El Gobierno confía en que, corrigiendo la brecha laboral y facilitando la integración real de estos colectivos, se pueda aliviar la presión sobre otros frentes donde Bélgica lleva años arrastrando problemas: deuda elevada, infraestructura envejecida y un clima político cada vez más inestable. Para las autoridades, resolver este desequilibrio no es sólo una cuestión de empleo, sino una pieza esencial para estabilizar el país en su conjunto.
