Bélgica vuelve a encender las alarmas ante la infiltración del crimen organizado extranjero en sus instituciones. Este martes, la Policía belga llevó a cabo 18 registros en Bruselas y otras localidades como Lovaina, que culminaron con la detención de ocho sospechosos vinculados a un presunto plan para atentar contra el Fiscal de Bruselas, Julien Moinil.
Moinil se encuentra bajo protección permanente desde el mes de julio, cuando las fuerzas de seguridad detectaron los primeros indicios de una trama para atentar contra su vida. Desde entonces, la Fiscalía federal abrió una investigación bajo la dirección de un juez de instrucción, analizando los datos de inteligencia que apuntaban a la existencia de un complot procedente del entramado criminal albanés, una de las redes más agresivas y expansivas en el crimen organizado europeo.
Según detalló la Fiscalía federal, los detenidos presentan antecedentes por tráfico de drogas a gran escala y operaban dentro del «entorno criminal albanés», una estructura conocida por haber extendido su influencia en puertos, barrios periféricos y rutas logísticas clave en Europa occidental.
Las detenciones de este martes se produjeron tras meses de seguimientos, intercepciones y análisis de comunicaciones. Pese al avance de la operación, la Fiscalía advierte que aún es “prematuro confirmar o desmentir” que el atentado estuviera plenamente operativo, y será el juez de instrucción quien determine si los sospechosos deben permanecer en prisión preventiva.
La Fiscal federal, Ann Fransen, subrayó la gravedad del caso y pidió reforzar la protección de quienes combaten en primera línea al crimen organizado: «Debemos proteger mejor a los agentes de Policía y magistrados que luchan diariamente contra estas redes. Ellos son los primeros objetivos del crimen organizado».
La amenaza contra el Fiscal Moinil se suma a una serie de ataques, intimidaciones y tentativas de atentado contra jueces, fiscales y policías en países como Bélgica, Francia y Países Bajos, donde organizaciones criminales de origen extranjero —especialmente albanesas, marroquíes y balcánicas— han logrado penetrar sectores enteros del tráfico de drogas y de armas.
Europa vuelve a constatar que el crimen organizado transnacional ya no solo compite por controlar territorios: ahora se atreve a apuntar directamente al Estado, señalando a quienes representan la ley y el orden.
