El impacto económico de la inmigración masiva en Europa vuelve al centro del debate tras la publicación de nuevos datos que apuntan a un coste de cientos de miles de millones de euros en las próximas décadas, especialmente en los países nórdicos.
Según cifras del Ministerio de Finanzas de Dinamarca analizadas por el White Papers Policy Institute, determinados grupos de inmigrantes procedentes de zonas en conflicto representan un gasto neto significativo para las arcas públicas, con costes anuales que alcanzan hasta los 23.000 euros por persona.
El caso más llamativo es el de Suecia, donde se estima que el Estado podría destinar 117.300 millones de euros en los próximos 50 años para sostener a los cerca de 102.000 inmigrantes de origen somalí residentes en el país.
Los datos sitúan a Somalia como el país de origen con mayor impacto fiscal, seguido de Siria y Líbano (19.000 euros anuales por persona), Irak (18.000), Afganistán (15.000) y Eritrea (13.000). Incluso nacionalidades con menor impacto relativo, como Marruecos o Turquía, generan igualmente un coste neto para el sistema.
Al proyectar estas cifras a largo plazo, el impacto sobre las finanzas públicas resulta masivo. En este contexto, algunos analistas plantean escenarios de «remigración» como una posible vía para reducir el gasto. Según estas estimaciones, la expulsión de decenas de miles de inmigrantes sin nacionalidad podría suponer un ahorro de más de 50.000 millones de euros, mientras que programas de incentivos económicos para la salida voluntaria también generarían importantes reducciones del gasto.
El fenómeno no se limita a Escandinavia. En Países Bajos, un estudio de la Universidad de Ámsterdam estima que el coste neto de la inmigración entre 1995 y 2019 alcanzó los 400.000 millones de euros, con picos especialmente elevados tras la crisis migratoria de 2015.
En Francia, distintos análisis sitúan el coste anual de la inmigración en torno a los 25.000 millones de euros, mientras que en Alemania el gasto asociado a migrantes —incluyendo vivienda, sanidad, educación e integración— supera los 48.000 millones.
Estos datos cuestionan directamente el relato dominante durante años, según el cual la inmigración contribuiría a sostener los sistemas de bienestar europeos. Por el contrario, los estudios apuntan a un impacto estructural negativo en las cuentas públicas, especialmente en contextos de elevada presión migratoria.
