La izquierda alemana ha reabierto el debate sobre la posible ilegalización de Alternativa para Alemania —AfD—, principal fuerza de la oposición y uno de los partidos con mayor respaldo electoral del país. El nuevo intento se apoya en un informe elaborado por la ONG Sociedad para los Derechos Civiles —GFF—, que acusa a AfD de vulnerar la dignidad humana y los principios fundamentales del orden democrático alemán.
La organización sostiene que el partido defiende un concepto «étnico-cultural» del pueblo alemán, discrimina a ciudadanos de origen extranjero y presenta a sus adversarios políticos como enemigos.
Un informe de 1.500 páginas
La GFF dedicó más de un año a elaborar un documento de alrededor de 1.500 páginas, basado en programas electorales, discursos, iniciativas parlamentarias, comunicados y publicaciones en redes sociales.
Sus autores aseguran haber reunido más de 30.000 referencias públicas y concluyen que un procedimiento de ilegalización tendría «probablemente» éxito.
Sin embargo, el informe no constituye una sentencia judicial ni demuestra por sí mismo que AfD sea inconstitucional. Se trata de una valoración promovida por una entidad privada que pretende facilitar el trabajo de quienes reclaman llevar al partido ante los tribunales.
El SPD y Los Verdes recogen el testigo
La copresidenta socialdemócrata Bärbel Bas pidió estudiar «pasos jurídicos», mientras dirigentes de Los Verdes reclamaron que las fuerzas parlamentarias avancen hacia una solicitud formal. La legislación alemana establece que sólo el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal pueden iniciar el procedimiento. La decisión final corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional.
La ofensiva llega en un momento de fuerte crecimiento de AfD, que cuenta con representación nacional y regional y supera a los partidos tradicionales en distintos sondeos. Sus adversarios convierten así su fortaleza electoral en uno de los argumentos para actuar contra ella: a diferencia del antiguo NPD, AfD sí tendría capacidad real para influir en el rumbo político del país.
El precedente del NPD
El Tribunal Constitucional rechazó en 2017 prohibir al NPD pese a considerar que perseguía objetivos contrarios al orden constitucional. Los jueces concluyeron que se trataba de una formación marginal sin capacidad suficiente para ejecutar su programa.
La GFF pretende sortear ahora ese obstáculo señalando que AfD dispone de millones de votos, diputados y una estructura nacional consolidada. El razonamiento resulta políticamente explosivo: cuanto mayor sea el respaldo democrático de AfD, más peligrosa sería considerada y más argumentos existirían para prohibirla.
Incapaces de derrotarla en las urnas
AfD denuncia desde hace años un cordón sanitario destinado a excluirla de cualquier gobierno, pese al crecimiento constante de su apoyo. El nuevo informe proporciona al SPD y a Los Verdes munición para trasladar esa exclusión desde el Parlamento hasta los tribunales.
Alemania vuelve a enfrentarse así a una contradicción inquietante: quienes dicen proteger la democracia estudian eliminar de la competición electoral al partido elegido por millones de ciudadanos.
La última palabra será del Tribunal Constitucional. Pero el debate confirma que una parte del establishment alemán, incapaz de frenar a AfD en las urnas, vuelve a considerar la vía de la prohibición.
