Austria se ha visto sorprendida por una propuesta de ley que, de presentarse y aprobarse, representaría un hito en la imposición woke de la ideología de género. Los padres que se nieguen a que sus hijos menores de edad se sometan a cirugías de cambio de sexo podrían ir a prisión.
Según un informe de ServusTV, un proyecto de ley promovido por los partidos SPÖ (Socialdemócratas) y Neos (Liberales) propone sanciones de hasta 30.000 euros o hasta un año de cárcel a quienes cuestionen la «transición de género» de un menor, incluidos sus padres. En simple: incluso un consejo de precaución frente a la decisión irreversible podría convertirse en un delito de cárcel.
Dado el escándalo y la indignación que ha desatado la noticia, varios miembros del Parlamento austriaco están intentando distanciarse de la propuesta. De hecho, el SPÖ afirma que no se trata de un proyecto del gobierno y señalan a Los Verdes como los verdaderos promotores, pero lo cierto es que el texto existe y, según múltiples fuentes de Servus TV, se debatirá este mismo mes de junio.
Además, la propuesta busca prohibir incluso el tratamiento psicológico de la disforia de género. En la práctica, esto supondría una prohibición, e incluso una sanción penal, a los profesionales de la salud mental que no se alineen con la ideología de género. Los defensores de la medida argumentan que estos enfoques equivalen a «terapia de conversión» y, por ello, constituyen una forma de «transfobia».
Las cifras son alarmantes: en 2011, sólo cuatro menores en Austria se sometieron a mastectomías por «reasignación de género»; en 2023, esa cifra aumentó a 128. Lejos de ser un fenómeno reducido, se trata de una tendencia cada día más creciente que amplios sectores de la izquierda buscan proteger legalmente. Este fenómeno se da tanto en Austria como en muchos países de Occidente.
