El Tribunal de Apelación del Reino Unido ha emitido un fallado en la apelación de España en el caso Antin, relacionado con los recortes a las primas a las energías renovables implementados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este es sólo uno de los más de 25 casos que se han resuelto en tribunales internacionales de arbitraje, que han culminado en indemnizaciones por un total de 1.560 millones de euros, a los que se suman aproximadamente 325 millones en costes judiciales y financieros.
España había apelado argumentando que el laudo arbitral debía anularse debido a su inmunidad soberana, basándose en decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señalan que el arbitraje entre Estados miembros de la UE bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es incompatible con el derecho de la Unión.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Reino Unido rechaza esta argumentación y critica que «los argumentos presentados por España invitan a desviarse del significado ordinario de las palabras utilizadas en la Convención y a subvertir en lugar de aplicar su objeto y propósito».
De esta manera, confirma la decisión original de la Justicia británica emitida en 2023, en virtud de la cual se obliga a España a pagar una indemnización de 101 millones de euros a los demandantes, en virtud del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).