El presidente Emmanuel Macron ha insistido, esta vez en The Economist, la revista de las élites globalitarias, que está dispuesto a mandar tropas a Ucrania si los rusos rompen el frente y se lo pide el Gobierno de Kiev. Asombra semejante belicismo cuando el Ejército francés ha sido incapaz de eliminar a los yihadistas en el Sahel y está siendo expulsado por las juntas de Mali y Níger; y también cuando la Gendarmería no puede controlar los suburbios de las grandes ciudades.
La delincuencia juvenil se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la República y de la ciudadanía. Y también en uno de los mayores fracasos del Gobierno de Macron, que fue reelegido presidente en 2022 por más del 58% de los votantes. Todas las advertencias y medidas tomadas por la Administración son incapaces de detener el aumento de la inseguridad.
Como en el resto de Europa occidental, en Francia se han establecido impunemente mafias violentas, como la Mocro Maffia, que Europol calcula en 821 organizaciones. Además, no dejan de entrar inmigrantes ilegales de África, Asia y América, a los que, en vez de expulsar, las ONG y la Administración prestan asistencia y dan dinero. El Consejo de Estado, una especie de Tribunal Constitucional, anuló varios artículos de una ley restrictiva de la inmigración aprobada el año pasado por una amplia mayoría de la Asamblea.
En París, que este verano acogerá los Juegos Olímpicos, el 77% de las violaciones resueltas en 2023, es decir, con los autores identificados y detenidos, las cometieron extranjeros.
Ante la incapacidad del Estado francés, algunos alcaldes han decidido recurrir a toques de queda en sus ciudades, que ya se aplican en algunos territorios franceses extraeuropeos. Esta medida la anuló el Consejo de Estado en 2018. En cambio, el organismo aprobó el toque de queda en 2020 y 2021, durante la pandemia de covid, aunque el propio Gobierno reconoció que no impidió la difusión de los contagios.
El 23 de abril, el derechista Robert Ménard, alcalde de Béziers, ciudad de Occitania de unos 72.000 habitantes, conocido en Francia por sus declaraciones contra lo políticamente correcto, aprobó el toque de queda para los menores de 13 años. En su municipio, éstos no podrán estar en la calle entre las 11 de la noche y las seis de la mañana sin la compañía de sus padres. El ministro de Interior apoyó la medida y el ejemplo ha cundido.
El 1 de mayo, entró en vigor la restricción en varios barrios de Niza y se prolongará hasta después del verano. En la quinta ciudad de Francia, con una población superior a 350.000 habitantes, el toque de queda para los menores de 13 años se aplicó en años anteriores y el actual alcalde, Chistian Estrosi, del partido de Macron, lo ha recuperado.
¿Por qué la orden afecta a los menores de 13 años cuando las estadísticas policiales indican que la mayor parte de la delincuencia juvenil la comenten adolescentes de entre 15 y 17 años? Porque el Código Penal francés fija en 13 años la edad de consentimiento, es decir, por debajo de ella los menores son inimputables. Las bandas les usan para iniciarles en la criminalidad y atribuirles delitos.
La Policía local de Niza detendrá a los menores infractores y sus padres tendrán que recogerles en la comisaría. A los adultos se les podrá reclamar las multas y, en caso de reincidencia, retirar la patria potestad y someter a juicio.
Estas noticias no han aparecido en las portadas de los periódicos editados en París ni en la Provenza, como tampoco se publicaron las cifras de automóviles quemados en la Nochevieja pasada. He aquí el tipo de prensa que quieren los gobiernos progresistas, sean franceses o españoles.