El Tribunal de Cuentas Europeo ha lanzado una seria advertencia sobre la reforma del próximo presupuesto comunitario: el rediseño impulsado por Bruselas no garantiza, por sí mismo, un uso más eficiente del dinero de los europeos, según recoge Brussels Signal.
En un informe publicado el 27 de abril, los auditores examinan la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2028-2034, valorado en cerca de 2 billones de euros, y concluyen que introduce cambios de gran alcance que podrían comprometer la disciplina fiscal y exigir controles mucho más estrictos.
Uno de los principales riesgos señalados es la posible falta de ingresos suficientes. El plan de Bruselas depende de nuevas fuentes de financiación que aún deben ser aprobadas por los Estados miembros. Si estas no se materializan, los auditores advierten de un «déficit significativo», que obligaría a aumentar las aportaciones nacionales o a recortar las ambiciones del presupuesto.
A esta incertidumbre se suma el creciente recurso al endeudamiento. La Comisión plantea ampliar los instrumentos de financiación mediante deuda, incluyendo mecanismos de hasta 150.000 millones de euros para inversiones estatales. Aunque reconoce su utilidad, el Tribunal de Cuentas alerta de que esta deriva incrementa la carga financiera a largo plazo y consolida un modelo iniciado con el fondo NextGenerationEU tras la pandemia.
Otro de los puntos críticos es la propuesta de crear un gran fondo único que agrupe políticas clave como la cohesión territorial y la agricultura. Los auditores consideran que esta concentración puede diluir prioridades esenciales y dificultar el control específico de cada área, tradicionalmente gestionadas de forma independiente.
Además, Bruselas pretende otorgar a los Estados miembros mayor margen para diseñar sus propios planes de gasto. Una flexibilidad que, según el informe, puede derivar en fragmentación, desigualdades entre países y distorsiones en la competencia dentro del mercado común.
El modelo de pagos vinculado a objetivos —inspirado también en el NextGenerationEU— tampoco convence plenamente a los auditores. Aunque reconocen su potencial, advierten de que resulta difícil medir si los hitos fijados reflejan realmente beneficios tangibles para los ciudadanos, lo que complica evaluar el impacto real de un presupuesto de semejante magnitud.
El informe no es vinculante, pero llega en un momento clave. Las negociaciones sobre el nuevo presupuesto europeo se prolongarán hasta 2026 y requerirán unanimidad entre los Estados miembros. El Tribunal de Cuentas confía en que sus advertencias sirvan para introducir correcciones antes de aprobar un marco financiero que definirá el rumbo económico de la Unión durante la próxima década.
