La Unión Europea es aún, sobre el papel, una asociación comercial de naciones soberanas. Pese a las pretensiones de Bruselas, cada día más exitosas, de devorar la soberanía de los Estados miembros, estos siguen, en teoría, manteniendo su independencia. Pero eso podría llegar a su fin definitivo si sale adelante el proyecto que acaricia el eje franco-alemán de terminar con el derecho a veto en el seno de la Unión.
En una entrevista exclusiva concedida a Euractiv, las ministras para Europa de Francia y Alemania, Laurence Boone y Anna Lührmann, expresaron su confianza en que se podrá alcanzar una reforma institucional parcial de la UE a finales de año. En particular, quieren pasar de la exigencia de unanimidad al voto por mayoría calificada en áreas como política exterior o fiscalidad para que la UE sea más capaz de actuar antes de la admisión de nuevos estados miembros, como Ucrania.
Este paso ya sería posible en el marco de los contratos existentes utilizando la llamada «cláusula pasarela», que permite a los países decidir que ciertas áreas políticas deben votarse por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad sin cambiar los Tratados europeos. «Es una opción que contemplamos para mantener nuestra fuerza como actor global en la política exterior y de seguridad común de la UE», dijo la ministra Lührmann. «También sería una señal importante en otras áreas políticas usar la cláusula pasarela para pasar a la mayoría calificada este año», explicó. Ella está «segura» de que esta reforma se lanzará este año.
Ambos países quieren abolir a toda costa la necesidad de unanimidad en el Consejo Europeo en áreas como la política exterior y la fiscalidad antes de la ampliación de la Unión Europea. Así, desde Bruselas podría decidirse cuánto pagamos en impuestos o meternos de lleno en la guerra de Ucrania, dos posibilidades que países como Hungría, que ha tirado de veto cuando ha sido necesario, rechazan con vehemencia.
La toma de decisiones por mayoría cualificada eliminaría el veto en cuestiones de política exterior, lo que significaría que sólo 15 de los 27 estados miembros, que representan el 65% de la población de la UE, tendrían que aceptar para que se aprobaran decisiones de política exterior y de defensa particularmente importantes que afectan a la UE en su conjunto. Laurence Boone le dijo a Euractiv que este sería «un paso importante hacia una mayor integración y eficiencia».
En la práctica, naturalmente, significaría la anulación de los países pequeños; en realidad, de casi cualquier nación al margen del eje franco-alemán y, naturalmente, un paso de gigante en la abolición de las soberanías nacionales como ambicionan las élites globalistas.
