El primer ministro británico, Keir Starmer, se encuentra bajo una presión creciente para reconsiderar su rechazo a una investigación pública exhaustiva sobre las bandas de violadores de origen británico-paquistaní que han operado en varias ciudades del Reino Unido. Este escándalo, que involucra más de dos décadas de abuso sistemático de niñas y jóvenes, ha llevado a numerosos parlamentarios laboristas a romper filas con la dirección del partido y exigir una investigación completa.
Sarah Champion, diputada laborista por Rotherham, una de las ciudades más afectadas, ha pedido una investigación nacional que permita restablecer la confianza en las instituciones locales y en las fuerzas del orden. Champion, quien en el pasado fue etiquetada como «racista» por destacar estos problemas dentro de su partido, cree que sólo una revisión profunda de los fallos sistémicos puede abordar la verdadera magnitud de este problema. Su postura marca un cambio notable, ya que anteriormente apoyó la decisión de Starmer de bloquear una investigación, argumentando que retrasaría la justicia.
La demanda de Champion coincide con el respaldo de otros parlamentarios laboristas como Paul Waugh, diputado por Rochdale, otra ciudad devastada por estos crímenes. Waugh ha defendido la necesidad de una investigación liderada por las víctimas, que no interfiera con los casos penales en curso. Ambos parlamentarios subrayan la importancia de arrojar luz sobre los errores de las autoridades en el manejo de estos casos.
El rechazo de Starmer a promover una investigación ha generado una oleada de críticas, especialmente después de que se revelara que Jess Phillips, ministra de salvaguardia del gobierno, había rechazado solicitudes similares para abordar los abusos en Oldham. Este rechazo, según algunos analistas, podría estar diseñado para proteger a Starmer, quien fue director de la fiscalía pública durante algunos de los años clave en los que ocurrieron estos abusos. Incluso figuras como el magnate tecnológico Elon Musk han sugerido que esto podría deberse al temor de exponer posibles errores en la gestión de Starmer.
Los críticos argumentan que el Partido Laborista está priorizando la corrección política sobre la justicia. Informes previos, como la Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil (IICSA) iniciada en 2015, han sido señalados como insuficientes, ya que tocaron sólo superficialmente el tema de las bandas de seducción. Las revelaciones de abuso masivo en ciudades como Rotherham y Rochdale muestran que miles de niñas fueron víctimas de redes de explotación, mientras que las autoridades no actuaron por miedo a ser acusadas de racismo.
En Rotherham, entre 1997 y 2013, más de 1.400 niñas fueron abusadas sin que las fuerzas del orden tomaran medidas efectivas. Aunque ha habido algunas condenas, el alcance total de estos delitos sigue sin abordarse adecuadamente. Los defensores de las víctimas acusan al gobierno de Starmer de ignorar el sufrimiento de las comunidades de clase trabajadora, especialmente de las jóvenes atrapadas en estas redes.