No es noticia, precisamente, que Francia está cuajada de zonas urbanas donde el Estado virtualmente no existe, las infames ‘banlieues’, especialmente las de París, entregadas a las poblaciones de origen extranjero. Pero al fin la República parece decidida a tomar medidas «duras» para recuperarlas.
Han tardado. Hasta ahora, gobierno tras gobierno en Francia tenía un plan contra el deterioro de sus banlieues que implicaba invariablemente la misma combinación de sociología sentimental, subvenciones y retórica multicultural. No hay que decir que no hacían más que empeorar el problemas. Pero parece que esta vez va a probar lo que funciona: autoridad, represión y demostraciones masivas de fuerza policial.
El Gobierno francés ha endurecido de forma visible tanto el discurso como las medidas frente al narcotráfico, la violencia urbana y las mafias que operan en numerosas periferias urbanas después de décadas en las que el problema parecía agravarse sin freno. Ya no se habla tanto de «integración», «cohesión social» o «diversidad» como de reconquistar barrios, desmantelar redes criminales y recuperar el control territorial.
Marsella, segunda ciudad del país, se ha convertido casi en símbolo nacional del problema. Los ajustes de cuentas entre bandas vinculadas al narcotráfico dejaron el año pasado cerca de medio centenar de muertos, muchos de ellos adolescentes reclutados como soldados callejeros por redes criminales que manejan Kalashnikovs, drones, criptomonedas y enormes flujos de dinero negro. En algunos barrios, los narcos pagan a menores apenas quinceañeros para vigilar entradas, mover droga o participar directamente en ataques armados.
El propio ministro del Interior, Gérald Darmanin, llegó a advertir sobre una posible «mexicanización» de determinadas zonas urbanas francesas si el Estado no reaccionaba con contundencia.
El Gobierno ha multiplicado las operaciones «Place Nette XXL», enormes despliegues policiales simultáneos contra puntos de narcotráfico, armas y redes criminales en ciudades como Marsella, Lille, Lyon o París. Miles de agentes participan en redadas coordinadas, controles masivos y registros destinados no solo a detener delincuentes, sino también a transmitir visualmente la idea de que el Estado sigue mandando.
Durante años, Francia trató estos fenómenos como patologías sociales derivadas de la pobreza o la exclusión. Pero la acumulación de violencia, islamismo radical, economías paralelas y estructuras criminales cada vez más sofisticadas ha terminado generando otra percepción mucho más inquietante: la existencia de auténticos ecosistemas paralelos donde el Estado pierde progresivamente autoridad real. Francia lleva décadas absorbiendo inmigración masiva procedente sobre todo del norte de África y África subsahariana. Según datos oficiales, el país cuenta con más de siete millones de inmigrantes y descendientes directos de primera generación, concentrados a menudo en barrios construidos originalmente como vivienda obrera barata y transformados después en enormes bolsas de desempleo, marginalidad y fractura cultural.
La situación ha llegado a tal punto que incluso sectores históricamente reticentes a endurecer el discurso empiezan a hacerlo. Emmanuel Macron, que durante años cultivó una imagen centrista y tecnocrática, ha endurecido el lenguaje sobre inmigración, seguridad y control fronterizo presionado por el ascenso constante de Agrupación Nacional y el hartazgo creciente de buena parte de la población.
Francia registró más de 300 homicidios o intentos de homicidio vinculados al narcotráfico sólo en 2023, una cifra récord. Marsella concentra buena parte de esa violencia, pero ya no es una anomalía aislada. Redes similares aparecen en ciudades medianas y periferias urbanas por todo el país.
