Más de 10.000 franceses han celebrado en París la 21.ª Marcha por la Vida en un contexto marcado por la inminente tramitación en el Senado de una ley que podría convertir a Francia en uno de los países con una regulación más permisiva sobre la eutanasia y el suicidio asistido. La movilización de este año ha estado centrada casi exclusivamente en este debate, dejando en segundo plano la cuestión del aborto, que dio origen a estas marchas hace ya más de dos décadas.
El proyecto de ley, ya aprobado por la Asamblea Nacional, será examinado por los senadores el próximo 28 de enero y, si supera ese trámite, volverá al hemiciclo en febrero para su aprobación definitiva. En paralelo, se discuten dos textos distintos: uno ampliamente respaldado sobre el refuerzo de los cuidados paliativos y otro mucho más polémico, que introduce la llamada «ayuda a morir».
La convocatoria tuvo lugar el domingo 19 de enero en pleno centro de la capital francesa, donde miles de personas se concentraron para expresar su rechazo a lo que califican como una «licencia para matar», una práctica hasta ahora prohibida por la legislación gala. La protesta adquirió mayor relevancia después de que Emmanuel Macron anunciara en su discurso de Año Nuevo que la legalización de la eutanasia es una prioridad política para 2026, comprometiéndose a culminar un proceso legislativo que se ha visto ralentizado por crisis políticas, elecciones anticipadas y varios cambios de gobierno.
Durante la marcha, los organizadores insistieron en que no se trata únicamente de una cuestión jurídica, sino de un cambio profundo en la concepción social de la vida y la muerte. La geriatra Geneviève Bourgeois, portavoz del movimiento, advirtió de lo que definió como una deriva cultural que, según ella, lleva décadas normalizando la eliminación de los más frágiles bajo una apariencia de progreso.
Uno de los ejes más llamativos de la movilización fue la batalla por el lenguaje. Los manifestantes denuncian que el vocabulario empleado en el debate público suaviza deliberadamente la realidad de los actos que se quieren autorizar. De hecho, el Senado sustituyó en los textos en discusión la expresión «derecho a morir asistido» por «asistencia médica para morir». Para Marie-Lys Pellissier, también portavoz del colectivo, este giro no es inocente, ya que equipara el acto de provocar la muerte a un tratamiento sanitario, del mismo modo que algunos sectores ya presentan el aborto como un simple acto médico.
Lejos de la imagen estereotipada que a menudo acompaña a este tipo de convocatorias, el perfil de los asistentes fue marcadamente joven, con numerosos estudiantes, niños y familias enteras recorriendo las calles parisinas pese al intenso frío invernal. Los organizadores apostaron conscientemente por un ambiente festivo y alegre, con música y consignas optimistas, para distanciarse del cliché de movilización sombría o confesional.
Aun así, la Iglesia católica tuvo una presencia visible. Entre los representantes eclesiásticos destacó monseñor Dominique Rey, ex obispo de Fréjus-Toulon, conocido por sus posiciones conservadoras y su apego a la liturgia tradicional. Antes del inicio de la marcha se rindió homenaje a Charlie Kirk, asesinado meses atrás y presentado por los organizadores como alguien que «dio su vida por defender la vida».
Además del rechazo frontal a la eutanasia, durante los discursos se plantearon demandas concretas, como el lanzamiento de un ambicioso plan nacional de cuidados paliativos y la garantía plena de la objeción de conciencia para todos los profesionales sanitarios.
Si finalmente la norma sale adelante, Francia se sumaría al reducido grupo de países con una legislación especialmente amplia en esta materia, un escenario que explica la intensidad de una movilización que, año tras año, sigue ganando peso simbólico en el debate bioético europeo.
