Las autoridades de Austria han registrado un preocupante aumento de la posesión ilegal de armas de fuego entre ciudadanos extranjeros, según los últimos datos oficiales correspondientes a 2024. En total, 1.068 personas sin pasaporte austríaco fueron denunciadas por tenencia ilícita de pistolas, revólveres, escopetas y munición, una cifra que equivale, de media, a tres sospechosos al día.
Las estadísticas excluyen armas blancas como cuchillos o machetes y, aun así, las propias autoridades reconocen que el número real podría ser mayor debido a los casos no denunciados. Los datos refuerzan la percepción de que el problema de la seguridad se ha intensificado en paralelo al aumento de la inmigración ilegal y del asilo masivo en los últimos años.
Por nacionalidades, los ciudadanos sirios encabezan la lista, representando alrededor del 12% del total de extranjeros denunciados por delitos relacionados con armas. Les siguen personas procedentes de Eslovaquia, Rumanía, Turquía, Serbia, Alemania y Rusia —en este último caso, mayoritariamente chechenos—, además de Afganistán. Entre los implicados se encontraban al menos 102 solicitantes de asilo, un dato que vuelve a situar en el centro del debate la relación entre políticas migratorias y seguridad pública.
El contraste con la población nacional resulta significativo. En Austria, alrededor de 380.000 ciudadanos están registrados legalmente como propietarios de armas, con cerca de 1,5 millones de armas de fuego sometidas a controles estrictos, registro obligatorio y supervisión permanente. La diferencia entre el régimen legal aplicado a los ciudadanos y la proliferación de armas en manos de inmigrantes sin autorización alimenta el malestar social.
Este nuevo informe llega en un contexto de creciente desconfianza hacia la política migratoria del Gobierno y de desgaste de la coalición gobernante. Diversas encuestas recientes reflejan que una amplia mayoría de los austríacos reclama medidas mucho más duras contra la inmigración, incluyendo un refuerzo de las deportaciones y un control más estricto de los solicitantes de asilo.
