El Gobierno de Giorgia Meloni ha llevado adelante la aprobación del proyecto de ley que reforma el sistema judicial de Italia y que era una de sus principales promesas electorales. El nuevo proyecto establece la separación de las carreras de los magistrados de las votaciones del Consejo de Ministros. Es decir, el Gobierno ya no influirá en los nombramientos de jueces ni en sus ascensos en los distintos órganos judiciales italianos.
Además de la no elección de jueces, el renovado sistema contempla que los altos cargos del Estado no puedan influir en las diferentes corrientes de magistrados. También la creación de un gran jurado, entre los propios magistrados, que será el que pueda valorar sus actuaciones. Durante el debate en el Parlamento, el diputado del grupo Fratelli d’Italia encargado de defender la reforma, Tommaso Foti, aseguraba que «los ciudadanos merecen jueces imparciales, independientes del poder político».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Ciro Maschio, también de Fratelli d’Italia, aseguraba que esta «podría ser una reforma constitucional trascendental para el poder judicial». Además anunciaba que tampoco habrá «dependencia de los fiscales del Poder Ejecutivo ni limitación a su discrecionalidad en el enjuiciamiento penal». En cambio, los fiscales no podrán apelar sentencias absolutorias salvo en casos de delitos graves. Para ello se requerirá del beneplácito de un juez colegiado, especialmente para aprobar medidas cautelares de custodia.
El ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, también defendía en rueda de prensa su reforma calificándola de «ambiciosa». Explicaba que no sólo pretende impedir la influencia política en la Justicia, también «acelerar los procedimientos legales y mejorar la eficiencia». Por ejemplo, la nueva ley va a establecer límites de tiempo más estrictos para la conclusión de los juicios y las apelaciones. Con ello, el Ejecutivo busca reducir significativamente la duración de los procesos judiciales. Por ejemplo, las apelaciones deben resolverse en un plazo máximo de dos años y los casos de casación en un año. Si no se cumplen estos plazos, el caso será considerado nulo. Así, el caso no podría, excepto en delitos extremadamente graves como aquellos que conllevan cadena perpetua, violencia sexual, asociación mafiosa y gran corrupción.
Por otro lado, se va a reformar el delito de acoso laboral, aunque todavía se desconoce en qué términos. También se limitará el uso de pinchazos telefónicos por parte de periodistas, que hasta ahora no estaban prohibidos.
El Gobierno de Meloni ha prometido que dotará de los recursos económicos necesarios a la Justicia italiana para llevar a cabo estos procesos. La reforma también implica la digitalización de los procesos judiciales y la contratación de más personal judicial. La meta es mejorar la eficiencia del sistema judicial y reducir el retraso en la resolución de casos (The Italian Times). Además de mejorar la eficiencia, la nueva ley busca cumplir cumplir con los requisitos establecidos por la Unión Europea en el marco del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resistencia).
