El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur comienza a resquebrajarse incluso antes de su firma oficial, prevista para el próximo 17 de enero. El bloque iberoamericano ha dejado claro que no acepta las medidas de salvaguarda aprobadas por Bruselas para proteger a los agricultores europeos, lo que vacía de contenido una de las principales concesiones con las que la Comisión Europea trató de apagar la rebelión del campo y convencer a los países más reacios.
El aviso lo ha lanzado el ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, que ostenta la presidencia rotatoria de Mercosur. Sus palabras no dejan margen a la interpretación. Las cláusulas de salvaguarda «no forman parte del acuerdo histórico de libre comercio suscrito en Montevideo en diciembre» y, por tanto, «no deben incluirse». Un mensaje directo que cuestiona el relato de Bruselas y confirma los temores del sector primario europeo, que lleva meses denunciando que el pacto se ha cerrado de espaldas al campo.
Estas salvaguardas fueron el elemento clave que permitió a la Comisión Europea sacar adelante el preacuerdo dentro de la UE. Se trataba de mecanismos de reacción rápida frente a perturbaciones del mercado provocadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes de Mercosur. En el caso de productos sensibles, se activarían si los precios de los productos importados caían al menos un 5% por debajo de los europeos comparables o si los volúmenes de entrada superaban en un 5% la media de los últimos tres años.
Ahora, Mercosur no sólo rechaza su aplicación, sino que amenaza con reabrir la negociación. Ramírez ha advertido de que, si la UE activa esas medidas, el texto deberá renegociarse, aunque ha deslizado que el bloque cuenta con “herramientas para la solución de diferencias”. Además, ha asegurado que Paraguay tendría un «trato especial y diferenciado» que dejaría sin efecto las salvaguardas para su país, una interpretación que fuentes comunitarias niegan, pero que evidencia la fragilidad política del acuerdo.
La advertencia paraguaya añade presión a un proceso que todavía debe superar el principal escollo. El acuerdo tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo a lo largo de este año y el escenario es cualquier cosa menos favorable. Se trata de un acuerdo «mixto», dividido en una parte comercial y un acuerdo de asociación, que avanzan en paralelo. Ambos requieren el visto bueno de la Eurocámara y, en el caso del acuerdo de asociación, también la ratificación de todos los parlamentos nacionales.
Mientras Bruselas acelera, el campo europeo se moviliza. Agricultores y ganaderos han extendido protestas por buena parte de la UE, especialmente en Francia, Bélgica, Grecia, Italia y España. Denuncian una competencia abiertamente desleal. Los productores de Mercosur operan con costes mucho más bajos al no estar sometidos a la sobrerregulación que impone la UE en materia medioambiental, fitosanitaria y laboral.
Esa asimetría coloca al productor europeo en una posición de debilidad estructural. Sus alimentos llegan más caros al mercado y quedan expuestos a una presión a la baja sobre los precios en origen. El resultado es el conocido “efecto sándwich”. Costes elevados por un lado y competencia exterior más barata por otro, lo que empuja a vender por debajo de costes y pone en riesgo la supervivencia de miles de explotaciones.
De ahí que el sector haya reclamado de forma reiterada la aplicación de “cláusulas espejo” y medidas de salvaguarda reales. La negativa de Mercosur a reconocerlas confirma, a ojos del campo, que el acuerdo se ha diseñado para beneficiar a la industria europea a costa del sector primario.
Bruselas sigue adelante pese al rechazo
Pese a las grietas, la UE mantiene su hoja de ruta. El acuerdo se firmará previsiblemente el 17 de enero, con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
La mayoría cualificada se alcanzó con el voto en contra de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, la abstención de Bélgica y el apoyo de Italia, que levantó su veto tras la introducción de las salvaguardas ahora cuestionadas. Un equilibrio precario que deja al descubierto la contradicción de Bruselas. Presenta protecciones que Mercosur no reconoce y vende como histórico un acuerdo que nace con el rechazo frontal del campo europeo.
En España, las movilizaciones continúan. Los agricultores cargan contra el Gobierno de Pedro Sánchez, uno de los principales impulsores del pacto, al que acusan de querer rematar a un sector asfixiado por la regulación y abandonado por las instituciones. El mensaje del campo es claro. Sin salvaguardas reales, el acuerdo con Mercosur no es progreso, sino una amenaza directa para la soberanía alimentaria europea.
