Del 15 al 17 de septiembre, una misión del Parlamento Europeo visita Tenerife y Gran Canaria para conocer de primera mano el impacto de la inmigración ilegal sobre el archipiélago. Durante tres días, los eurodiputados recorren centros de acogida como Las Raíces y Canarias 50, y se han reunido con autoridades judiciales, autonómicas y nacionales, además de Frontex, EUAA y colectivos vecinales.
Sin embargo, ningún eurodiputado del Partido Popular ha estado presente en el arranque de la misión, ni tampoco ningún representante del Partido Popular Europeo (PPE), principal grupo político del Parlamento. La eurodiputada del PP Carmen Crespo Díaz, incluida en el programa oficial como participante, no se incorporó hasta día y medio después del inicio de los trabajos, cuando ya habían concluido los encuentros clave con Frontex, la Agencia de Asilo de la UE, el Gobierno autonómico y la visita al centro de acogida de Las Raíces. Su tardía incorporación ha dejado al Partido Popular sin representación efectiva en la parte más relevante de la misión, precisamente cuando se abordaban las cuestiones estratégicas sobre seguridad, gestión fronteriza y presión inmigratoria.
La misión parlamentaria se enmarca en una investigación de la Comisión de Peticiones (PETI) sobre el impacto de la inmigración ilegal en las regiones ultraperiféricas. El foco está puesto en la avalancha migratoria, el desbordamiento de las capacidades de acogida, etc.
En 2024 llegaron más de 46.000 inmigrantes ilegales a Canarias, cifra récord desde que existen registros. Aunque en 2025 el flujo ha disminuido, la presión sobre las islas se mantiene y el sistema de acogida sigue colapsado. Todo esto ha sido constatado por Jorge Buxadé (VOX), en representación del grupo Patriotas por Europa, y por eurodiputados del ECR (Conservadores y Reformistas).
